¡SE SOLTÓ EL LOCO EN SANTO DOMINGO!

El influyente cardenal dominicano, López Rodríguez, político las 24 horas del día, le entra al embajador de Estados Unidos, un conocido activista gay, que anda con su esposo para arriba y para abajo, promoviendo el matrimonio entre homosexuales.  

El embajador James Brewster, en una disertación ante empresarios dominicanos y estadounidenses, calificó de corrupto del gobierno de Danilo Medina, y López le reclamó al embajador que atienda sus asuntos domésticos y dedique su tiempo a su esposo y que no se entrometa en los asuntos dominicanos.  

A su vez, el embajador tilda al cardenal de ser un abanderado de la discriminación, e insiste en señalar que el gobierno de Danilo Medina es corrupto´hasta la médula, instando a los empresarios a poner en pie de guerra contra la corrupción.

El mismo embajador presiona al presidente Medina para que sustituya al presidente de la Junta Central Electoral, aduciendo que el jefe de la Junta no garantiza la celebración de elecciones democráticas,que tendrán lugar el 15 de mayo del 2015.

El Procurador General de la República, tras aparentar perseguir a un senador, lugarteniente del ex presidente Leonel Fernández, paraliza la acción pública y desiste de presentar un recurso de casación en contra de un Acto de No Ha Lugar, resultado de tres votos a favor y dos en contra, y con su inacción legalizó una fortuna estimada en más de 3 mil millones de dólares, obtenidas por el senador a través de más de 40 empresas de la construcción creadas para apoderarse de las obras del Estado durante la presidencia de Fernández. en la que el senador (Felix Bautista) se desempeño como Director de la OISOE, una dependencia de la Presidencia de la Repulbica que construye obras publicas, contrata empresas, compra, prepara presupuestos y los modifica, incrementándolos, con la aprobación del Presidente de la República. 

Un arquitecto, extorsionado, se suicida pegándose un tiro en la cabeza ( algunos dicen que fue un asesinato, y que el profesional fue citado a la OISOE con el propósito de eliminarlo físicamente debido a que amenazaba con hacer público que estaba siendo extorsionado por la mafia de la OISOE.

Se investiga a medias y los principales sospechosos quedan en libertad. 

Dos pilotos franceses, asociados a "Air Cocaine", a pesar de haber sido condenados a 20 años de prisión tras ser hallados culpables de traficar con más de 300 kilos de cocaína, encontrados en su avión, se fugan espectacularmente, gracias al apoyo logístico de influyentes políticos dominicanos ligados al narcotráfico y al lavado de activos, y al apoyo de un eurodiputado seguidor de la ultraderechista Marine Le Pen.

Antes de que se enfríe el asunto, una juez es suspendida por supuestamente vender sentencias y favorecer a delincuentes vinculados al sicariato y al narcotráfico, incluyendo ordenar la devolución de 20 millones de dólares a una empresa vinculada al narcotraficante español, condenado en España, Arturo del Tiempo.

La jueza se defiende y declara que recibía órdenes  del presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Mientras tanto, en París, durante el evento en que los países del mundo perdían el tiempo parloteando sobre el cambio climático, el Presidente Medina, en cuyo gobierno se construyen dos plantas de energía que funcionan con carbón, el más contaminante de los combustibles, y que permite a la multinacional Barry Gold envenenar  con cianuro las aguas dominicanas, se despacha con un discurso aleccionador, presentándose como un protector del medio ambiente, siendo todo lo contrario.

Y hace unas horas, tras la detención de un líder sindical, militante del partido del presidente Danilo Medina, el periódico digital Acento. com.do, utilizando como fuente un documento suministrado por el diputado Juan Hubieres, publicó un articulo que viene como anillo al dedo para reflejar la putrefacción que en estos momentos corroe la sociedad dominicana.

A continuación reproducimos el articulo de Acento.com.do:

"UNATRAFIN paga a juez, a periodistas, a dirigentes del PLD y a un activista pro derechos humanos

UNATRAFIN paga a juez, a periodistas, a dirigentes del PLD y a un activista pro derechos humanos

En el documento remitido a Acento.com.do por el diputado Juan Hubieres (y que está en poder del Ministerio Público), aparecen nombres como el del comunicador Najib Chahede SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Con montos que van desde los 10 mil hasta los 70 mil pesos, la nómina de la  Unión Nacional De Transportistas Afines (UNATRAFIN) se encuentra llena de periodistas y expolicías, además de un exjuez acusado de corrupción, dirigentes del PLD y un activista por la defensa de los derechos humanos.

UNATRAFIN se encuentra en medio de un escándalo debido a que algunos de sus miembros han sido vinculados a casos de crímenes y corrupción que involucran a jueces, policías y militares.

UNATRAFIN es también el sindicato de transportistas que mayor cantida de gasoil exonerado de impuestos recibe del Gobierno dominicano, con 520 mil galones por mes.

En el documento, que está en manos del Ministerio Público y cuya copia fue entregada a Acento.com.do por el diputado Juan Hubieres, aparecen nombres como el de Najib Chahede, comentarista y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, y Rosendo Tabares (sic), de la radioemisora Z-101, quienes estarían devengando 15 mil cada uno. Asimismo, Consuelo del Carmen Despradel, del mismo medio de comunicación, también dirigente del PRSC, aparece con más de 70 mil pesos.

El director de prensa de Radio Popular, Félix Núñez, se encuentra en el listado con 10 mil pesos, cantidad similar a la entregada al comunicador Manuel Espinosa Rosario.

Ramón Nicolás Baldeyaque Ramírez, periodista de Elías Piña, recibe 15 mil pesos, según la información en el documento.

Teófilo Bonilla aparece también con 14 mil pesos y Raiza Lara Martínez (exesposa del comunicador Juan TH), con 50 mil pesos. Esta aparece en el Comité Ejecutivo de UNATRAFIN como secretaria de prensa y relaciones públicas.

Rómulo Santiago Bretón y Dairo Antonio Méndez, ambos periodistas, con ocho mil y cinco mil pesos cada uno.

El presidente de UNATRAFIN, Arsenio Quevedo, es subdirector de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA) y dirigente del gubernamental Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Derechos humanos y juez

Uno de las personas dentro de la nómina de UNATRAFIN que más ha llamado la atención es el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Virgilio Almanzar, quien el pasado fin de semana negó haber firmado una certificación a favor de Arsenio Quevedo, en la que indicaba que el precandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana y subdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), nunca ha tenido que ver con nada que haga contraria a la justicia.

En su momento, el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos dijo a Acento que el documento se trataba de una falsificación, ya que nunca firmaría una certificación de esa índole.

En la nómina, Almanzar aparece con un monto de 15 mil pesos.

Arsenio Quevedo guarda un año de prisión preventiva por su presunta implicación en la muerte de los transportistas, como el cabecilla de la red de sicarios que operaba en todo el territorio nacional. Está acusado además de lavado de activos proveniente de la mafia de los combustibles,

Según las autoridades, Quevedo habría ejecutado a los  transportistas por diferencias y conflictos en las distintas rutas del trasporte público, al igual que el regidor de Pedro Brand, Ericson de los Santos Solís a quien supuestamente le pagaba el primero para llevar a cabo los asesinatos.

Otra persona que llama la atención es el actual abogado del sindicato de transporte, William Alberto Garabito, hasta hace poco juez del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien fue destituido por violación al artículo 66, numeral 1 de la Ley 327-98 de la Carrera Judicial.

Durante la investigación en su contra en 2009, Garabito fue acusado de recibir alegado soborno para favorecer a una parte en un proceso donde se conocía una medida de coerción a unos acusados de lavado de dinero.

Un caso muy parecido al de la jueza Awilda Reyes Beltré, quien justamente habría liberado al regidor del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ericson de los Santos Solís (Ney) acusado de dirigir la red de sicarios señalados como los autores de las muertes de choferes de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (FENATRANO).

Expolicías asalariados

La nómina también incluye agentes y exagentes de la Policía Nacional, algunos con antecedentes delincuenciales o vinculación a actos de violencia, como el mayor Cristino Batista, con 15 mil pesos.

Batista estuvo en la palestra en 2011, cuando fue vinculado al homicidio del teniente coronel Virgilio Casilla Minaya en el municipio de Los Alcarrizos, el 21 enero de ese año.

En su momento, Batista fue cancelado y sometido a la justicia. Tras emitir diferentes teorías sobre quienes y porqué fue ultimado el teniente coronel, fueron condenados a 30 años Samuel Tejada Hidalgo (Samuelito), Ydis Amín Fermín Peñaló y Yunior Antonio Valdez Rodríguez.

Cristino Batista también fue vinculado a la red de sicarios involucrados en el atentado al comunicador y abogado santiaguero Jordi Veras.

También el exsargento Amaury Cabrera Martínez, quien al momento del crimen se era miembro de la Policía Nacional activo. Este también se encuentra dentro de la nómina con un salario de 15 mil pesos.

Otros involucrados en la red de sicariato que provocó la muerte de los miembros de FENATRANO, William Ortega Ortega y Danilo Octavio Reynoso, están además en la certificación, con sueldos de 15 mil pesos cada uno.

Vicepresidente Santos Solís

En el Comité Ejecutivo Nacional, Ericsson de los Santos Solís (Ney) aparece en el listado como vicepresidente de UNATRAFIN, no se encuentra en la nómina de la entidad, que cuenta, entre otras personas con la asesoría de Ignacio Ditrén, al exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y encargado de Asuntos Municipales del Partido de la liberación dominicana (PLD)."

(Fin del articulo) 

No hay dudas de que Santo Domingo anda revuelto de pies a cabezas, y el costo político lo está pagando el presidente Danilo Medina, cuyos elevados niveles de aprobación han caído estrepitosamente.

La última encuesta, entre los empresarios dominicanos más influyentes y poderosos, revela que este sector, necesario para ganar las elecciones debido a sus aportes económicos, desaprueba la gestión del Presidente Medina. Hasta mediados de mes de mayo el 73% de  empresarios favorecía la gestión de Medina, pero en la actualidad su gestión es favorecida por el 43%, lo que representa una caída de 30 puntos en apenas seis meses... y la tendencia es seguir bajando.
En Santo Domingo se soltó el loco, arde la olla politica y los ingredientes del sancocho podrían parir cualquier cosa.

CLAUDIO DESNUDA A JUAN BOSCH

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Claudio Caamaño Grullón.

El exguerrillero Claudio Caamaño Grullón culpó al expresidente Juan Bosch, líder y fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del golpe de Estado que lo sacó del poder en 1963 y aseguró que su ejemplo constituye un peligro para el país, porque “ha sido la mayor desgracia de la democracia dominicana”.

Dijo que el Gobierno de Bosch fue derrocado a los 7 meses porque éste se negó a hacer los cambios necesarios en las Fuerzas Armadas y consideró que su ejemplo constituye un peligro para el país.

Estimó que el ex gobernante asumió una actitud cobarde al momento del golpe, que trajo como consecuencia la represión, el colapso de la institucionalidad y una “sangrienta y abusiva” invasión norteamericana.
En una correspondencia enviada a El Nacional Caamaño definió al desaparecido líder del PLD como un ser “mentiroso, traicionero, egoísta, maquinador y cobarde”.

Expresó que, por consiguiente, éste no puede quedar en la memoria histórica dominicana como un ejemplo a seguir, “lo que pasa hoy”.

Manifestó que el ex gobernante dejó perecer la democracia por no asumir con valentía y determinación el poder que el pueblo depositó en él.
“Su ineptitud le ha costado a nuestro país un atraso político del cual aún no se recupera”, siguió diciendo.

“Por su servilismo con el invasor, masacraron a miles de dominicanos de la zona Norte de Santo Domingo, cuando nos ordenó desde Puerto Rico, el primero de mayo de 1965, que permitiéramos un corredor humanitario a los norteamericanos que dividió en dos la ciudad e hizo vulnerable esa parte, la cual fue brutalmente devastada”, declaró.

“Aún hoy se desconocen las cifras de los miles de patriotas que fueron vilmente asesinados y arrojados a los ríos y fosas comunes”, añadió.

Traición

Claudio Caamaño afirmó, en 1967, que Bosch traicionó al líder de la revolución de 1965, coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó y el compromiso que ambos hicieron de enfrentar política y militarmente el régimen de Joaquín Balaguer, al que calificó de despótico e impuesto por el gobierno norteamericano.

Sostuvo que Bosch se convirtió en un aliado secreto del expresidente Joaquín Balaguer, propiciando la permanencia de éste en el poder, “con las consecuencias nefastas, en vida y derechos, que implicó para nuestra nación”.

Asimismo, que en 1978 Bosch pretendió desconocer el triunfo del presidente electo Antonio Guzmán Fernández, poniéndose abiertamente del lado de Balaguer y que en 1982 atacó al expresidente Salvador Jorge Blanco, candidato contrario a Balaguer.

También, que en 1986 propició el retorno de Balaguer y su Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) a la presidencia de la República en contra del expresidente Jacobo Majluta.

Caamaño dijo que en 1996 Bosch hizo pública su alianza con Balaguer y consagró formalmente al PLD como heredero y continuador de la práctica política balaguerista, “hasta el sol de hoy”.

“Al principio del primer gobierno peledeísta-reformista, el doctor Leonel Fernández me invitó al Palacio Nacional a través de su vicecanciller Minoú Tavárez Mirabal”, el presidente Fernández me dijo que él necesitaba que el ingeniero Hamlet Hermann y yo formáramos parte de su gobierno para darle profundidad moral”.

“Le respondí que no podía ser parte de un gobierno cuyo presidente del partido oficial, Juan Bosch, era un traidor a Caamaño Deñó y al pueblo dominicano”, declaró.

“Vemos como el PLD, su obra maestra, se ha convertido en la máquina de corrupción más perfecta que ha existido en nuestro país”, insistió.

Claudio Caamaño dijo que el PLD “ha corrompido todas las instituciones estatales y destruido todos los servicios al pueblo dominicano”.

“Como no les basta con los cientos de miles de millones que se apropian indebidamente del Presupuesto Nacional cada año, hipotecan al máximo el presente y el futuro de la economía nacional con múltiples préstamos”.

Consideró que los dirigentes del PLD no se han desviado de los ideales y las enseñanzas de Bosch, sino que la situación que describe es fruto de lo que aprendieron de su líder.

“Bosch ponía su propia persona por delante de la patria y ellos hacen lo mismo. Bosch lo hacía por asunto de poder personal, éstos lo hacen por asunto de dinero, pero en esencia es lo mismo”, dijo.

El ex guerrillero afirmó que nunca ha sido funcionario gubernamental ni ha aceptado los muchos y cuantiosos privilegios que éstos le han ofrecido.

UN APUNTE

No es coyuntural

Claudio Caamaño, exguerrillero y combatiente de la guerra de abril de 1965,   afirmó que su postura de rechazo a Bosch no es coyuntural, sino que persiste desde 1969, cuando se reunió en Cuba con su primo Francisco Alberto Caamaño Deñó, a petición del padre de éste, Fausto Caamaño, y de José Francisco Peña Gómez, para evitar que el líder de la revolución de abril de 1965 regresara al país en guerrilla y, por el contrario, ofrecerle la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, en 1970.

Contó que no pudo convencer a Caamaño Deñó y se unió a él en la guerrilla de 1973. Agregó que “conocí la traición de Bosch a Caamaño en 1967”. Señaló  que el 14 de mayo de 1982 publicó en El Nacional referencias a documentos enseñando “todas las verdades” sobre la traición de Bosch a Caamaño.  “Bosch no se atrevió a responder nunca”, dijo Claudio Caamaño en su extensa carta. “Lo que sí hizo fue tratar de impedir que se publicaran, con todas sus influencias y mañas”.  La publicación fue hecha  el 14 de mayo  de 1982 y repetida  el día 18.

LAS TARIFAS NOTARIALES: BREVE ANÁLISIS DE LA LEY 140-15

Cuando fue sometido al Congreso el proyecto  para modificar la ley 301 del 1964 ( Ley del Notariado),  fueron celebradas vistas públicas y en ambas cámaras pasó por el tamiz de la correspondiente Comisión de Justicia.

Las instituciones públicas y privadas, las organizaciones de la sociedad civil y  cualquier personalidad interesada en el tema  tuvo la oportunidad de enriquecer la propuesta y objetar  las disposiciones  contrarias a su interés o al interés social. La pieza legislativa reposó durante varios años en las Cámaras y, como ambos hemiciclos cuentan entre sus asesores con expertos en todas las materias, es de suponer que al tratarse de un proyecto de ley que incidía directamente en el incrementos de los costos económicos de un sin número de transacciones y acuerdos, esos asesores dedicaron tiempo a realizar el análisis exhaustivo de los pros y los contras de la nueva Ley del Notariado, la controversial Ley 140-15.

El responsable de  la consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, instancia  que revisa y analiza minuciosamente los proyectos de ley aprobados por el Congreso Nacional previo a dar el visto bueno que precede a la promulgación,  lo es el Dr. Cesar  Pina Toribio, un jurista de larga data, científico del derecho, que tiene en su haber la habilitación necesaria para ser instituido como una autoridad en cuanto concierne al notariado latino, que es el nuestro, y no dudamos que Pina Toribio se empleó a fondo, y a la luz de sus vastos conocimientos sobre la materia determinó que la pieza supera el desfase fruto del avance tecnológico y el desarrollo de nuestra economía, y que la misma contiene previsiones saludables para garantizar a la sociedad un servicio notarial  de calidad, así como las condignas sanciones para quienes infrinjan la ley.

Voces tan influyentes como las del Dr. Mariano Germán, Presidente de la Suprema Corte de Justicia,  el Lic. Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República, el Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Director de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y organizaciones poderosas como la Asociación de Bancos (ABA),  la Cámara Dominico Americana de Comercio (AMCHAMRD)  y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE),  se han pronunciado en contra de la  Ley 140-15, y la queja principal radica en lo que estiman un incremento excesivo de las tarifas.  

Los instrumentos jurídicos, para demostrar su eficacia, tienen que ser puestos en funcionamiento, porque está demostrado hasta la saciedad  “que la práctica es el criterio de la verdad”.  

 La Ley 140-15 fortalece la institucionalidad del Colegio de Notarios, crea la Escuela Nacional de Capacitación Notarial, preserva las características del Notariado Latino, incrementa la fiscalización de la labor notarial, atribuye al Notario, por su fe pública, facultad para la instrumentación de procesos de embargo y desalojos, con lo que se pondría fin a los embargos y desalojos arbitrarios, aumenta drásticamente las sanciones pecuniarias para los notarios que incumplan con su deber , crea el Registro de Testamento y Poderes, cuya reglamentación queda a cargo del Consejo del Poder Judicial e introduce el documento digital, incorporando las previsiones de la ley sobre Comercio Electrónico y encargando a la Suprema Corte de Justicia de reglamentar todo lo relativo al procedimiento para el uso de los documentos y firma digital en ocasión del ejercicio de la función notarial, lo que equivale a colocar al Notariado Dominicano en el siglo XXI. 

Hay mucho trabajo por hacer para que la Ley 140-15 madure y de sus frutos, y es contrario al interés nacional  enviarla a dormir el sueño eterno, cuando es posible superar las aprehensiones  racionalizando el monto de las tarifas, porque a pesar de las buenas intenciones del legislador, hay partidas que debido a los pírricos salarios que ganan la mayoría de los dominicanos les haría oneroso e incosteable acceder  al servicio notarial, amén de que encarecen el costo de las transacciones inmobiliarias y financieras.

Sin embargo, como no es el pueblo llano que se ha quejado sino  sectores en la cúspide del poder político y financiero, intuimos que las protestas podrían tener otros motivos, habida cuenta de que las entidades de intermediación financiera le cargan los gastos al cliente.

 Las personalidades que se han pronunciado en contra de le Ley 140-15 han guardado silencio ante la escala alcista experimentada por las tasas  establecidas  por   instituciones públicas para servicios esenciales, que afectan directamente a los usuarios  que cotidianamente los  requieren , entre ellas la Junta Central Electoral, que cobra  diez mil pesos (RD$ 10,000.00) por matrimonio celebrado en el local de la Oficialía Civil, acto que hace dos años costaba tres mil pesos (RD$3,000.00) , y que antojadizamente incrementa el costo de sus servicios cada vez que le viene en ganas, o el aumento establecido por la Procuraduría  General de la República a los servicios que ofrece a la ciudadanía, que fueron incrementados en un cien por ciento (100%), y recientemente la Jurisdicción Inmobiliaria, dependencia de la Suprema Corte de Justicia, a partir del 1 de septiembre del 2015,  duplicó las tasas de sus servicios y veintidós (22) servicios exentos de tasas cuestan ahora mil pesos  (RD$1,000.00) cada uno, suma exorbitante, equivalente a 22 dólares,  en un país donde la mayoría de los trabajadores ganan menos de 5 dólares al día.

El costo de las tarifas incluidas en la Ley 140-15 representan un incremento menor que si se hubiere aplicado el Artículo 289 del Código Tributario, el cual sirvió de sustento jurídico al Auto No. 48-2013 del 9 de julio del 2013, dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en ocasión de liquidar un Estado de Gastos y Honorarios  a solicitud de un abogado.

Copiamos textualmente los argumentos del honorable Presidente de la Suprema Corte de Justicia: “Considerando: que según el Artículo 1 de la Ley No. 302,sobre Honorarios de los Abogados, los honorarios por labor rendida en el ejercicio de la profesión de la abogacía consiste en el monto mínimo fijado por dicha ley; Considerando; que al tratarse de una ley que data del año 1964, esta Suprema Corte de Justicia entiende pertinente ajustar las partidas establecidas por la misma, al nivel de inflación registrado actualmente en la economía nacional, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Artículo 289 del Código Tributario y al efecto decidir, si procediere en derecho, conforme  a los resultados de la aplicación de dicha ley.”

Los criterios externados por el Dr. Mariano German Mejía son válidos y caen como anillo al dedo al caso de la especie: Es obvio que si es pertinente ajustar las partidas establecidas en la ley 302 del 1964 por el nivel de inflación registrado en la economía nacional, para favorecer a los abogados, por las mismas razones es pertinente ajustar las tarifas de la ley 301 del 1964, a favor de los notarios.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia para actualizar las tarifas prevista en la ley 302 del 1964, utilizó la Tabla de Multiplicadores para el Ajuste por Inflación de los Activos de Capital emitida por la Dirección General de Impuestos Internos para los años 1980-2010, y para  el periodo fiscal terminado al 31 de diciembre de 2011, fijándolo el factor de multiplicación en 74.8.

A continuación insertamos un cuadro donde figura el costo de algunas actuaciones previstas en la ley 302 del 1964 , y el monto actual según lo determinó  el Presidente de la Suprema Corte de Justicia mediante Auto No. 48-2013 del 9 de julio del 2013:

Actuación Procesal	Monto de Ley	Monto por Inflación
Vacación	RD$ 20.00	RD$ 1,496.00
Estudio de Documentos	RD$ 10.00	RD$    748.00
Memorial de Defensa	RD$  1,000.00	RD$ 74,833.00
Defensa en Estrado	RD$ 300.00	RD$ 22,449.0

Como el factor multiplicador para actualizar las tarifas de la ley 140-15 habría de tomar en cuenta la inflación acumulada,  para el periodo fiscal terminado el 31 de diciembre del 2014 corresponde el factor 77.86.

Si aplicamos dicho factor a la tarifa notarial vigente tendríamos el monto por inflación, y comparando el monto correspondiente de la tarifa contenido en la Ley 301 con el establecido en la Ley 140-15 estaremos en condiciones de justipreciar las críticas adversas a la nueva normativa tarifaria.

Actuación	Monto de Ley 301	Monto Ley 140-15	Monto por Inflación
Vacación (Una hora)	RD$25.00	RD$ 1,000.00	RD$1,946.50
Vacación (Tres Horas)	RD$40.00	RD$ 2,000.00	RD$3,114.40
Por Acto de Convenciones y Estipulaciones de Matrimonio	RD$200.00	RD$ 10,000.00	RD$15,552.00
Legalización de Firmas donde no se consignen  Valores	RD$100.00	RD$2,000.00	RD$7,786.88
Actos de Valor Indeterminado	RD$150.00	RD$2,000.00	RD$11,679.00

Los números demuestran que la tarifa establecida por la  ley 140-15 es inferior a la que resultaría si se aplicara el ajuste por inflación. 

No obstante, como los salarios de la mayoría de los dominicanos que trabajan no cubren ni siquiera el 50% de la canasta básica, así como es abusiva el alza arbitraria de tasas impuestas por la Junta Central Electoral, la Procuraduría General de la República y la Jurisdicción Inmobiliaria de la Suprema Corte de Justicia, también son abusivas algunas tarifas de la nueva ley del notariado, sobre todo las establecidas para los contratos que involucran sumas de dinero, y el sentido común obliga a racionalizar el monto de las tarifas en función de la capacidad económica de las mayorías, por lo que es necesario que el legislador, en lugar de suspender la ley 140-15, convoque a los interesados, incluyendo al Colegio de Notarios y a la Asociación de Bancos, a consensuar una propuesta tarifaria racional.

Aunque, podría ser  que  las protestas no se inspiren en el incremento de las tarifas, sino en una disposición de la ley 140-15,  contenida en el Artículo 12 y su Párrafo I, que obliga al Estado Dominicano, incluyendo a sus instituciones autónomas y las de carácter comercial, a distribuir equitativamente entre todos los notarios del país los actos y trabajos que requieran la intervención notarial y pone a cargo del Colegio de Notarios someter al Poder Ejecutivo el reglamento  para hacer efectiva la distribución. 

De esa manera, la distribución de los millonarios recursos que el Estado y sus dependencias invierten para notariar sus actos,  y que son asignados y monopolizados  por unas cuantas oficinas vinculadas al poder político de turno llegaría a su fin, y la dignificación de la función notarial llevaría consigo una democratización en la distribución de los recursos económicos . 

Si la ley 140-15 no se aplica, el monopolio notarial se mantendrá vigente, y por tal motivo la actual dirección del Colegio de Notarios, asumiendo un compromiso con la racionalidad y el gremialismo, debe abocarse a la búsqueda del consenso para conciliar el monto de las tarifas,  y  simultáneamente designar una comisión encargada de elaborar el reglamento para la democratización en la distribución de los actos del Estado, de sus instituciones autónomas y aquellas de carácter comercial. 

El asunto pasará en los próximos días a la Cámara de Diputados, y bien haría el honorable y diligente Presidente del Colegio Dominicano de Notarios en acercarse al Presidente de dicha Cámara y buscar apoyo congresional para que,  en lugar de suspender la aplicación de la ley,  se proceda a construir un consenso sobre el monto de las tarifas notariales.

¡TOÑO LEÑA A LA CARGA!

Quirino Ernesto Castillo, narcotraficante dominicano convicto y confeso, empresario y mecenas de políticos corruptos, adquirió protagonismo inusitado cuando anunció, tras cumplir condena en Estados Unidos, que regresaría a la República Dominicana a reclamar al ex Presidente  Leonel Fernández el pago de una cuantiosa deuda.

Quirino cumplió su palabra, y aunque ignoramos si su intimación produjo resultados económicos, no hay dudas de que tuvo efectos políticos, devastadores para las ambiciones de poder insaciables de Leonel Fernández, quien se había lanzado al ruedo buscando un cuarto período presidencial, pregonando que los vientos soplaban a su favor, y ante una caída precipitada de su credibilidad, y  aparentemente temeroso de las consecuencias que tendría dilucidar públicamente la supuesta deuda,  optó por arriar las velas.

Qurino Ernesto Castillo contó con la anuencia y protección de adversarios políticos de Leonel Fernández, enquistados en su propio partido, el Partido de la "L" Dominicana (PLD). Tan pronto regresó al país se puso a disposición del Procurador General de la República, quien es el responsable principal del Ministerio Público, órgano encargado de la investigación de los crímenes y delitos, la persecución y arresto de los delincuentes y su sometimiento a la justicia.

Uno de los abogados del capo  visitó al Procurador con el encargo de tramitar un encuentro, pero el jefe del Ministerio Público evadió la propuesto y prefirió hacerse de la vista gorda y no darse oficialmente  por enterado  .

Don Quirino, en una entrevista radial, manifestó su intención de suministrar al Procurador información y pruebas de sus denuncias acerca del dinero que había facilitado a Leonel Fernández para financiar su campaña para las elecciones del 2004, y de paso entregarle  facturas de una planta de generación eléctrica "donada" por el narcotraficante a Fundación Global Democracia y Desarrolle (Funglode), una poderosa  e influyente ONG creada y dirigida por Fernandez, cuya estructuración se apoyó en recursos provenientes del lavado de activos adquiridos en su primer gobierno (1996-2000).

El asunto se quedó ahí... y el capo locuaz, como por arte de magia, enmudeció luego de que Danilo Medina asegurará la posibilidad constitucional de repostularse para un nuevo periodo.

¿Coincidencia o jugada maestra de los reeleccionistas?

La intervención de Quirino tuvo  connotación política, y muchos analistas la vincularon a un sector reeleccionista integrado por cercanos colaboradores de Danilo Medina.  Lo cierto es que Quirino dejó de sonar, o lo dejaron de usar, cuando se logró el objetivo: Frenar a Leonel Fernández.

¡Toño Leña a la carga! Como ya se definió el panorama electoral en la cúspide del Partido de la Liberación Dominicana, y la reelección marcha viento en popa, ante una oposición fraccionada y sin recursos económicos para enfrentar al PLD y al Estado, que en la actualidad se confunden en una entidad en que cada vez es más diluida e imperceptible la frontera, nadie intuye interés político, por lo menos hasta ahora, en los reclamos económicos de Toño Leña, quien alega ser acreedor de un ex Ministro de Obras Públicas en el gobierno de Leonel Fernández y de dos funcionarios del gobierno de Danilo Medina.

Tan pronto pisó su tierra natal, Toño Leña, otro poderoso capo dominicano vinculado al narcotráfico internacional, deportado por Estados Unidos tras cumplir una leve condena, suministra a un conocido periodista la información  de haber sido contratista de obras del Estado  y que tenía como socios a varios funcionarios del gobierno de Leonel Fernández, y que de esos funcionarios dos siguen activos en el gobierno de Danilo Medina.

Se trata de una información que el Procurador General de la República, el mismo que que no mostró interés en escuchar a Quirino, no debía de desaprovechar, pues constituye una oportunidad para iniciar, desde el oficialismo, una cruzada creible en contra de los delincuentes que permanecen  incrustados en las entrañas del Estado Dominicano, que actúan como padrinos poderosos del crimen organizado, ninguno de los cuales ha sido tocado ni con el pétalo de un flor, a pesar de  que en casos tan sonados como el de Figueroa Agosto, Arturo del Tiempo Márquez, Mauricio Solano, y un largo etcétera, la vinculación de  funcionarios de alta jerarquía, civiles y militares,  ha estado a la orden del día. En todos los casos en que se han extradictado grandes capos del narcotráfico, el órgano encargado de la investigación, como por arte de magia, se paraliza, dejando intacta la estructura mafioso.

No ha habido  interés, según lo demuestran los hechos, en llegar al fondo, y por eso la estructura criminal asociada al narcotráfico y al lavado de activos  incrustada en el los órganos del Estado Dominicano permanece incólume, y los grandes cargamentos de drogas, sin importar la jerarquía de los extraditados,  siguen llegando y saliendo de los puertos y aeropuertos dominicanos como Pedro por su casa.

Toño Leña ha declarado  que era  contratista de obras del Estado en el gobierno del PLD presidido por Leonel Fernandez, que era socio del Ministro de Obras Pública, Ing. Víctor Diaz Rua,  quien es el Tesorero del PLD, y que la droga que recibía por la vía aérea, en avionetas que aterrizaban en sus dominios, era recogida en vehículos del Estado, en vehículos con placa oficial, suministrados por sus socios, y que todavía dos de sus socios permanecen como funcionarios activos en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que encabeza Danilo Medina. Eso debe ser investigado profundamente, pues la buena imagen del gobierno de Danilo Medina, que comenzó a empañarse a raíz del escándalo de la corrupción de la Odebrecht en Brasil, podría galvanizar la caída en picada de su popularidad, tal y como ha sucedido a las presidentes Bachelet y Rousseff. 

¿Evadirá otra vez, el Procurador General de la República, cumplir con su deber?

Si no acomete el caso como es debido, le convendría renunciar, pues hacer caso omiso a las denuncias de Toño Leña, bajo el pretexto de que las palabra de un narcotraficante no merece crédito, constituye una acto de prevaricación y un  flaco servicio a la sed de justicia que tiene la parte sana de la sociedad dominicana.

Si el Procurador recibe a Toño Leña  podría averiguar cuales obras del Estado le fueron otorgadas en el gobierno de Leonel Fernandez, como fueron financiadas y la participación de sus socios, incluidos Díaz Rúa. 

Bastaría conque el Procurador solicitara al actual Ministro  de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, copia de los contratos y al Contralor de la República información de las erogaciones a favor de Toño Leña. Todo la información para acreditar la veracidad de la denuncia está en manos del gobierno de Danilo Medina, y como el capo afirma que todavía dos de sus ex socios siguen siendo funcionarios públicos, el asunto atañe al gobierno actual.

Toño dice que su dinero, dinero producto de la venta de drogas, se invertía en obras públicas del Estado Dominicano, y que en esas obras uno de sus  socios eran un ex Ministro de Obras Pública, actual Tesorero del P"L"D.. De confirmarse la denuncia, se trata de un caso típico de lavado de activos.

Posiblemente a Toño el Constructor no había que avanzarle dinero ni pagarle cubicaciones para que siguiera trabajando,pues le bastaba invertir lavar su dinero y cobrar después. 

¿Quienes eran los demás socios?

Esperamos que el Procurador General de la República no tema averiguar cuanto de verdad hay en la denuncia de Toño Leña, El Constructor, pues ¡coño!, lo mucho hasta Dios lo ve.

CLAMANDO JUSTICIA EN DOMINICANA

En septiembre del 2013, a raíz del secuestro fraudulento de un vehículo, inicie una investigación que culminó con la presentación de una querella por falsificación, uso de documentos falsos y suministro de información falsa a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a través del Departamento de Vehículos de Motor.
El Procurador Fiscal encargado de ponderar los méritos de la querella solicitó a la DGII la remisión del expediente del vehículo, donde se encuentra un acto de venta falso, elaborado sin la participación de la compradora, cuya firma fue falsificada, y una serie de traspasos y registros que no cumplen con el voto de la ley.

El acto fue requerido por el Ministerio Público para hacer un experticio a una firma, pero la DGII, hasta el momento, ha hecho caso omiso al requerimiento del Ministerio Público.

La renuencia de la DGII nos motivó a profundizar la investigación, y el resultado sostiene la convicción de que hay empleados del Departamento de Vehículos de Motor que actúan como cómplices de personas involucradas en el negocio de automotores.
Pienso que los mafiosos me quieren vencer por cansancio, o quizás cuando les resulte molestoso opten por pagar a un sicario para concluir el caso.
Como mi espíritu está templado para resistir todos los avatares, antes de mi partida, me dispongo a divulgar por los medios a mi alcance, los detalles de una sustracción fraudulenta, a la que han contribuido un alguacil, un juez de paz, una secretaria, un procurador adjunto y la indiferencia de la DGII, órgano público contra el que presentamos una demanda por daños y perjuicios pendiente de ser conocida en el Tribunal Superior Administrativo.

Divulgar el caso es la única alternativa que considero plausible. Pido la colaboración de mis amigos y de las personas que todavía aspiran a vivir en un Estado de Derecho, donde todos los ciudadanos, tutumpotes o hijos de Machepa, sean tratados como iguales.

Periódicamente publicaremos los resultados de las gestiones administrativas y jurisdiccionales encaminadas para que se manifieste la verdad y se haga justicia. Este es el comienzo...

En la imagen superior figura la firma falsificada (el original está en poder de la DGII y han hecho caso omiso al requerimiento del ministerio público para realizar un experticio);en la imagen inferior la firma real.

¡COLEGAS ABOGADOS, DEL PAÍS Y DEL MUNDO, CUELGUEN EN SU MURO ESTA INFORMACIÓN!
¡OBLIGUEMOS AL ESTADO DOMINICANO A SERVIR CON TRANSPARENCIA EL INTERÉS PÚBLICO Y LA FUNCIÓN JUDICIAL!

Victor Martinez

El salario de los obreros dominicanos se ha mantenido estancado durante los últimos cuatro años, y ha perdido, según cálculos del Banco Central, el 30% de poder adquisitivo; los empleados públicos de menor ingreso, que constituyen el 90%  de la abultada nómina pública ganan menos de 10 mil pesos mensuales, y  los empresarios de la harina acaban de incrementar el "pan de agua", el más barato, el pan de los pobres, en un 40%.

Los jueces del Tribunal Constitucional y los del Tribunal Superior Electoral,  preocupados por la perdida del poder adquisitivo de sus ¨magros¨salarios, decidieron darle una mordida a los fondos públicos, elevando sus salarios.  Ahora el juez presidente del TC ganará 438 mil más 110 mil para viáticos. El salario de sus pares sigue la misma suerte. De manera que el salario de un juez es 60 veces mayor que el de un obrero, y no le alcanza, y el del infeliz obrero se queda estancado y le aumentan el pan de agua. 

Mientras eso sucede en las alturas de la burocracia dominicana,  los "líderes" sindicales,  hace 20 meses que discuten con los empleadores un aumento del salario, cuyo mínimo más elevado se aproxima a los 9 mil 500 pesos.

Los magistrados justificaron el incremento aduciendo que se trató de un ajuste por inflación, una simple indexación, aunque indexaron mal, pues la inflación fue de un 3%  y se aumentaron el 8%.  Como el obrero no tiene dolientes en la República Dominicana, sus deprimidos salarios, que apenas cubren un tercio de la canasta familiar básica, nadie los indexará, y corren el riesgo que de recibir un pírrico aumento, tengan que renunciar a derechos adquiridos, y hasta ver extendida su jornada laboral, tal cual es la pretensión de los patronos.

La iniciativa de los jueces y varios sentencias favorables a funcionarios corruptos muy cercanos al ex presidente Leonel Fernández, tiene a la población dominicana en ascuas, y el enrarecido panorama está preñado de señales ominosas, a lo que se suma el fuego que achicharra las entrañas del partido en el gobierno, cuyos dos líderes principales, el ex Presidente Leonel Fernández y el actual Presidente, Danilo Medina, en busca de volver o seguir en el poder, mueven sigilosos las piezas de sus tableros, en un juego posicional que amenaza con transformarse en un enfrentamiento abierto.

En estos momentos el horno no está para galleticas,  pero se percibe un auspicio despertar de la adormecida clase media, que al sentir en carne propia las embestidas económicas del gobierno, parece que ha decidido tirarse a las calles. 

Yo, pensionado de la Suprema Corte de Justicia,  descendiente de los aborígenes, para no quedarme fuera del juego voy a reclamar la correspondiente indexación de mi pensión, tomando en cuenta los tres últimos aumentos que han recibido lo jueces , tal y como lo establece el Reglamento que nos rige, y el ajuste por inflación. 

Cuando rechacen la solicitud, pues eso es lo que espero del Consejo del Poder Judicial y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, acudiré al Tribunal Constitucional, que ya sentó jurisprudencia, y espero que el resto de los pensionados y de todos los trabajadores dominicanos hagan lo mismo, y aprovecho para exhortar a todos los trabajadores del mundo, que inicie la organización de su agenda de lucha, pues en todos los países y en todos los regímenes, la alta burocracia se enriquece a costa de los sacrificios de sus ciudadanos.

He consultado a los chamanes, y nos va a ir bien. Los chamanes nos exhortan a la acción, sin titubeos y sin miedos. 

¡Inundemos a la administración pública de recursos!

¡ Obreros, exijan a los empleadores la indexación salarial!

¡Agotemos cuantos nos reconozca la ley!

Y si nadie nos oye, ¡todos al Tribunal Constitucional!

Y si el Tribunal Constitucional falla en contra, entonces declaremos disuelta la República inicua, y tirémonos a las calles a barajar de nuevo,pues resulta imposible aceptar pasivamente que los jueces se sirvan con la cuchara grande, lo justifiquen, y condenen a la masa pobre a la iniquidad perpetua.

El salario del obrero, en los últimos tres años, según el Banco Central, debido a la inflación ha perdido el 27% de su valor. ¡Y quién se lo indexa?

Al contrario, sus empleadores pretenden aumentar el horario de trabajo y congelar el salario y suprimir derechos laborales, y para que sean más pobres, los empresarios de la harina le suben 2 pesos al pan de agua.
¡Donde, diablos, está la sensibilidad y el sentido de justicia social de nuestros jueces?

EL MOVIMIENTO NACIÓN TAINA (MNT) VA PARA LAS CALLES.

¡NO MÁS ATAJAR PARA QUE LOS ALTOS FUNCIONARIOS MUERDAN CON AVARICIA EL PRESUPUESTO NACIONAL!

Victor D´Ocoa