MARCOS HABLÓ CLARO

DICE QUE TIENE MÁS PRUEBAS Y QUE OTROS FUNCIONARIOS ESTÁN VINCULADOS A LA CUENTA No. 791412002

El abogado santiagués y comunicador Marcos Martínez, en llamada al programa el Gobierno de la Tarde, que se transmite por la Z 101, restó credibilidad al mensaje de un supuesto correo electrónico utilizado por el Superintendente de Bancos para afirmar que Margarita Cedeño no tiene cuentas en el Danske Bank; avaló su denuncia con documentos y mencionó dos personas, dos organizaciones sin fines de lucro y un banco dominicano, y mostró documentos que no han sido desmentidos por las personas que él relaciona con una cuenta en euros abierta en un banco de Dinamarca.

Según el comunicador, el balance de la cuenta, al día 4 de febrero del 2012 era de 76 millones de euros, que a la tasa de cambio actual equivale a 3 mil 934 millones de pesos.

Como ningún funcionario dominicano tiene como justificar esos ingresos, y tampoco ninguna organización sin fines de lucro, hasta ahora la persona que nombró el comunicador como la principal de la cuenta, así como los representantes de las personas jurídicas que de alguna manera están relacionados el asunto, han guardado silencio.

Aparentemente prefirieron convertir la denuncia en un acto de campaña sucia en contra de Margarita Cedeño, con el propósito de sacar provecho político si logran convertirla en víctima de una infamia.

Siguiendo esa línea,

han guardado silencio ALBERTO CEDEÑO, primo hermano de Primera Dama, quien figura como el principal titular de la cuenta No. 79142002; los representantes de FUNGLODE y FUNDI, que recibieron cheques girados a esa cuenta, y VICENTE BENGOA, Administrador del Banco de Reservas, que ha participado como enlace con el banco de Dinamarca.

El comunicado fue enfático al declarar, mostrado documentos, que en los cheques librados a favor de FUNGLODE y FUNDI, fundaciones creadas por LEONEL FERNÁNDEZ Y FELIX BAUTISTA, respectivamente, está impreso el nombre de ALBERTO CEDEÑO.

Resulta insólito que el titular de la Superintendencia de Bancos, IVANHOE NG, no requiriera información sobre ALBERTO CEDEÑO y la cuenta No. 79142002 abierta en el Danske Bank. No tiene que ir a Dinamarca, pues sus atribuciones le otorgan competencia para solicitar la información a Vicente Bengoa, Administrador del Banco de Reservas, pues es a través de ese banco que se hacen los depósitos y se giran cheques a la cuenta No. 79142002 del Danske Bank.

Si esa cuenta no existiera y si el Banco de Reservas no ha sido utilizado como intermediario por ALBERTO CEDEÑO, hace muchos días que ya el Banco de Reservas hubiera desmentido, en espacio pagado difundido por todos los medios de prensa dominicanos, la denuncia de Marcos Martínez.

El hecho de que supuestamente un oficial dinamarqués dijera que le informaron que Margarita C

edeño no es cliente del Danske Bank, no no quita méritos ni diluye la denuncia. Para demostrar que se trató de una mentira las personas y organizaciones vinculadas a la cuenta necesitan de una declaración oficial del Danske Bank y del Banco de Reservas, NEGANDO la existencia de la cuenta No. 79142002 a nombre de Alberto Cedeño.

Si el Danske Bank se escuda en el secreto bancario para no revelar detalles de sus cuentas, el Banco de Reservas, cuyas actividades de intermediación financiera están sometidas a la supervisión de la Superintendencia de Banco no podría aducir lo mismo, pues su obligación es suministrar cuanta información le sea solicitada por la entidad supervisora.

Hasta ahora la Superintendencia de Bancos no ha mostrado ningún interés en cumplir con sus obligaciones, pues por el monto involucrado podríamos estar en presencia de un ilícito penal vinculado al lavado de activos.

Si la cuenta No. 79142002 a nombre de Alberto Cedeño, en el Danske Bank existe, ¿ tendría el señor Alberto Cedeño la manera de justificar la propiedad de 3 mil 934 millones de pesos?

¿ Cuáles obligaciones había contraído Alberto Cedeño con Funglode y Fundi para "pagarles" casi 15 millones de euros, es decir, casi 800 millones de pesos?

Ningún dominicano se encuentra por encima de la ley. La ley No. 72, sobre lavado de activos, y el Banco de Reservas, según lo establecido en el artículo41

numeral 4, está obligado a comunicar a la Unidad de Análisis Financiero, vía laSuperintendencia de Bancos, las informaciones de las transacciones que superen la cantidad de diez mil dólares (US$ 10,000.00), y en la especie las cantidades superan con creces ese límite.

Como los bancos comerciales están obligados a mantener y conservar en sus archivos, durante diez (10) años, sus transacciones, llegará un día en que tengamos instituciones y autoridades honestas y comprometidas con los mejores intereses del país.

Esto no se quedará en una simple denuncia. Por ahora, el poder concentrado en las manos de Leonel Fernández es tan, pero tan absoluto, que no existe la más mínima posibilidad de investigar objetivamente el asunto, y hacer justicia si fuere necesario.

Tenemos los instrumentos legales, pero no contamos con autoridades idóneas. Habrá que esperar, y mientras tanto la soga seguirá rompiendo por lo más delgado.

Para ilustración de los lectores, le incluimos el artículo 1 de la ley 72-03, sobre lavado de activos, que expresa lo siguiente:

"A los fines de la presente ley, incurre en lavado de activos la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infracción grave:

a) Convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos bienes;

b) Oculte, encubra o impida la determinaicón real, la naturealeza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes;

c) Se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión de algunos de las infracciones tipificadas en este artículo, así como el eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.

RECLAMO DE MONSEÑOR ARNAIZ A MARGARITA CEDEÑO

Los sacerdotes jesuitas constituyen la élite intelectual de la Iglesia Católica. Los dominicanos tenemos el privilegio de contar con Monseñor Francisco José Arnaiz, que habla sin pelos en la lengua y no contemporiza con lo mal hecho, aunque esté de por medio el poder temporal.

Una nación sin instituciones, donde hay personas intocables, colocadas por encima de la ley, con poder para actuar sin rendir cuentas ni aceptar que se las pidan, es como un frágil y desvencijado barquichuelo de madera podrida, en medio de arrecifes y a merced de un mar embravecido.

En éstos momentos en la República Dominicana no hay entidad oficial confiable para investigar a Leonel Fernández, Félix Bautista, Margarita Cedeño, Alberto Cedeño y al Banco de Reservas. El Estado no cuenta con organismos que respondan al interés nacional, ni en el ministerio público ni en los cuerpos de seguridad. Todos responden al interés del PLD y Leonel Fernández.

A la cuenta del Danske Bank referida por el abogado Marcos Martínez no sólo se ha vinculado a Margarita Cedeño, sino también al presidente Fernández y al senador Bautista, además de una persona que responde al nombre de Alberto Cedeño y el banco comercial del Estado.

Monseñor Arnaiz, que conoce a la perfeccion las urdimbres conque se ha tejido la red que amenaza la seguridad jurídica de los dominicanos, ha conminado a Margarita Cedeño a demostrar que ella no tiene vinculación a la cuenta que fue abierta en el Danske Bank de Dinamarca con 43 millones de euros. Recalcó el sacerdote jesuita que no basta con negar la vinculación, sino que debe aportar las pruebas.

La sociedad, en sentido general, incluyendo a los peledeistas que se respetan, deben sumarse a la petición de Monseñor Arnaiz, y aprovechar las circunstancias para iniciar una gran cruzada a favor de la transparencia y en contra de la corrupción.

Marcos Martínez no ha irrespetado a nadie, pues como comunicador simplemente sirvió de canal a una información con visus de veracidad, pues al referise a los 43 millones de euros, incluye el nombre del banco, el número de la cuenta, los números y montos de tres cheques girados a la misma, citando al Banco de Reservas como la entidad bancaria nacional que sirve de enlace con el Danske Bank.

Martínez también mencionó a la Fundación Global y Desarrollo, creada y dirigida por el presidente Leonel Fernández, y a FUNDI, organización no gubernamental creada y dirigida por el senador Felix Bautista, como entidades que recibieron fondos de esas cuentas, a través de cheques tramitados por el Banco de Reservas.

Esperamos que las organizaciones empresariales, entre ellas el CONEP, y organizaciones no gubernamentales que siempre han actuado como abanderadas de la institucionalidad y la transparencia, como FINJUS, se sumen a los reclamos de Monseñor Arnaiz.

El abogado Marcos Martínez, posteriormente a la denuncia, agregó que a la cuenta se hicieron nuevos depósitos, y que según el último balance que llegó a su conocimiento, el 4 de febrero del 2012 la cuenta llegaba a los 76 millones de euros, que a la tasa de cambio de RD$52 por cada euro, equivale a 3 mil 952 millones de pesos.

Posiblemente ya comenzaron los trámites para cerrar esa cuenta y transferir los fondos a otro banco, pero eso no borrará el hecho. Se trata de una gran suma de dinero, y por la reacción de Margarita hay que presumir que ella reconoce que ningun funcionario de su gobierrno tiene como justificar la procedencia de ese dinero.

Si la cuenta existe, y es cierto que la FUNGLODE de Leonel Fernández y la FUNDI de Felix Bautista están vinculados a ella, y que los cheques que mostró Marcos Martínez son veraces, entonces Leonel Fernández tendrá que demostrar la procedencia de ese dinero, ya que el mismo se mostró partidario de que en materia de corrupción hay que revertir el fardo de la prueba.

Monseñor Arnaiz reclama cuentas claras; no es con actos de contricción y lágrimas de cocodrilo que se aclaran estas cosas. La misma firma aparece en los tres cheques mencionados por Marcos Martínez, y esa firma debe necesariamente estar registrada en el Banco de Reservas; no se trata de elucubraciones periodisticas, sino de señalamientos específicos, y como ni Leonel Fernández ni Felix Bautista, y mucho menos Margarita, tienen como justificar la procedencia lícita de 76 millones de euros, de ser cierta bien documentada denuncia, quedaría fehacientemente demostrado que Leonel Fernández desde la Presidencia de la República ha actuado como el jefe de una asociacion de delincuentes que ha utilizado la función pública para enriquecerse a costa de la miseria del pueblo dominicano.

Esperamos que la reclamación de Monseñor Arnaiz sea asumida por la Conferencia del Episcopado Dominicano, por las iglesias protestantes, por todas las cúpulas empresariales y por el movimeinto obrero-campesino.

Como el Foro Económico Mundial denunció el desvío masivo de fondos públicos y el despilfarro, y Transparencia Internacional ubica a la República Dominicana entre los países más corruptos del mundo, tienen la oportunidad de hacerle a la nación dominicana un gran servicio, investigando la denuncia de Marcos Martínez.

Mientras tanto, mantengamos vivo el tema, pues el silencio o la pasividad sería hacerle el juego a los saqueadores del erario público.

OCOA: EN LA RUTA DE LOS SISMOS

De los fenómenos telúricos ninguno causa más aprehensión y pánico que un temblor de tierra. Nadie está preparado para permanecer impávido ante la sacudida de la Madre Tierra, que sin avisar, de buenas a primeras, se sacude con ganas.

Desde el miércoles, apróximadamente a las 5:30 a.m., la falla de Ocoa ha estado activa en diferentes puntos, y tras la violenta sacudida matutina se han estado produciendo réplicas, una de las cuales tuvo su epicentro en las cercanías de la Presa de Jiguey.

Debemos sentirnos regocijados de que la energía acumulada se haya liberado sin causar víctimas y sin graves estragos, pues el agrietamiento del terreno y algunas infraestructuras es recuperable.

Hace 50 anos que la falla de Ocoa no se activaba con tanta intensidad, pues el último gran sismo ocurrió el 8 de enero del 1962, y su intensidad superó los 6 grados richter. En aquella ocasión se produjo un gran agrietamiento en la zona de La Labranza, donde se encuentra hoy el sector sur de la Avenida Canadá, y algunos edificios sufrieron daños considerables en su estructura, entre ellos el Banco Agrícola, la Escuela Luisa Ozema Pellerano y el Palacio Municipal

En el 1962 hubo una víctima fatal, que resultó ser una niña que dormía plácidamente y fue aplastada por una enorme roca que se desprendió e impactó una vivienda ubicada en lo que es hoy la entrada del Barrio San Luis. La roca se encontraba en el borde de un promontorio, y fueron muchas las advertencias de personas sensatas para que la comunidad se las ingeniara para evitar que el eventual desprendimiento de la roca causara daño. Las advertencias cayeron en saco roto, y el 8 de enero del 1962, aproximadamente a las 7: p.m sucedió la tragedia.

Dentro de dos días se cumpliran 50 anos del suceso, que enlutó al buen amigo Confesor, hermano de Bruno, hijos de Mercé... que vivió durante mucho tiempo en el sector denominado El Rastrillo, en la calle Luperón.

Relatamos este triste episodio para llamar la atención de todos los que habitan en la Provincia de SanJose de Ocoa: OCOA ESTA EN LA RUTA DE LOS SISMOS, y periódicamente será sacudido por un brusco movimiento telúrico.

Hubo un terremoto extremadamente poderoso, que la historia no registra, cuyas fatales consecuencias nos ha sido legada por los vestigios de leyendas recogidas por los colonizadores, de boca de los indígenas que hablan de una numerosa población que vivía a orillas de un gran lago, en lo que hoy es Rancho Arriba, y que fue destruida y sepultada en un santiamén, por uno de los sismos más intensos que ha sufrido la isla.

Siempre, tras un sismo de considerable magnitud, como el que acaba de ocurrir, se producen múltiples réplicas, como si la tierra, tras la brusquedad, intentara acomodarse de nuevo a su antigua posición. Habrán más sacudidas, y la única alternativa es adoptar todas las previsiones que la prudencia aconseja: Conservar la calma, y ante cualquier sacudida brusca tenderse en el piso al lado de una cama, una mesa, un sofá, etc. en busca de un hueco eventual, en caso de que colapse el techo o una pared, que al caer forme un "triángulo" con el objeto a cuyo lado se ha buscado refugio. De vez en cuando no está demás que se organicen simulacros, para que la reacción ante un sismo sea espontánea. Salir a la calle a alarmarse creea un estado de pánico colectivo inncesario.

Como el material rocoso en la zona de Ocoa es como el cazabe y tiende a desmoronarse, los deslizamientos de rocas sueltas constituye un riesgo para conductores y transeúntes, y deben extremar precauciones; como el desprendimeinto de rocas en el trayecto de la la carretera Ocoa -Cruce de Ocoa, y en las vias secundarias, es frecuente, resulta pertinente que algún personal adiestrado supervise cada cierto tiempo los lugares de frecuentes desprendimientos; lo mismo deben hacer las familias que por necesidad han construido sus viviendas en lugares inapropiados.

Es mejor precaver que tener que lamentar, y las autoridades debianprestar atención a la zona de La Vigía y otras similares, pues algunas viviendas, por su ubicación, constituyen un riesgo eventual para las que se encuentran en la parte inferior de la colina; la erosión causada por las frecuentes lluvias podría haber creado peligros latentes, representado por rocas sueltos o terrenos proclives a deslizamientos.

Los profesores deben ser adiestrados para auxiliar a sus discípulos en caso de cualquier evento sísmico; pero lo más importante es aprender a convivir con el fenómeno y vivir sin miedo, pues la vida siempre es una hermosa aventura, y hay que vivirla sin temor.

Prepárense para disfrutar sus Fiestas Patronales, que el próximo gran sismo llegará en 50 años.

2011: EL AÑO DE LA CORRUPCIÓN

Terminó el 2011. En ese año las organizaciones internacionales que vigilan el gasto público y la calidad de vida de casi todas las naciones que habitan el planeta Tierra, entre ellas Transparencia Internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del PNUD y el Foro Económico Mundial, coinciden en señalar que la República Dominicana retrocedió en el Índice de Desarrollo Humano, que el desvío masivo de fondos públicos superó con creces años anteriores y que se incrementó la brecha entre ricos y pobres.

Los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. La incapacidad del gobierno y la empresa privada para crear fuentes de trabajo mantiene al 34% de los dominicanos y dominicanas entre 18 y 24 años sin posibilidad de insertarse en el mundo laboral; el 56% de la fuerza laboral sobrevive chiripeando en la economía informal, y el 95% de los empleados públicos y privados ganan menos de 25 mil pesos, que es el costo aproximado de los alimentos básicos de la canasta familiar.

Transparencia Internacional empezó a medir el índice de corrupción en el 1995; utiliza una escala del 1 al 10. En los países con mayor índice viven los ciudadanos que están en pleno goce y ejercicio de sus derechos sociales, y son los que tienen mayor Índice de Desarrollo Humano, que incluye acceso a educación de calidad, alta expectativa de vida al nacer, sistema de salud eficiente, etc.

El mejor nivel de puntuación que ha recibido el país en los dieciséis años de medición lo obtuvo en los años 2002 y 2003, cuando alcanzó 3.6; tal puntuación nos ubicaba en el nivel de países como Honduras y Guatemala, pero muy lejos de Costa Rica, que es el país centroamericano con menos corrupción y más elevado Índice de Desarrollo Humano.

En el 1996 cuando el Producto Interno Bruto de la República Dominicana era de aproximadamente 80 mil millones de pesos, el entonces candidato Leonel Fernández afirmó categóricamente que la corrupción les costaba a los dominicanos 30 mil millones de pesos, y que la corrupción era la causa principal de la deuda social acumulada durante décadas. Eso lo afirmó Leonel Fernández candidato, quien prometió emplearse a fondo para combatir la corrupción, y dedicar ese dinero a disminuir la brecha entre ricos y pobres.

La organización Transparencia Internacional ha otorgado al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana una calificación de 2.6, lo que convierte a Leonel Fernández en el jefe de una cleptocracia; en materia de corrupción, en la democradura construida y dirigida por Leonel Fernández retrocedimos 40 posiciones con relación al 2003, pues de ocupar el lugar 72 pasamos a ocupar el puesto 112. Esa no es una medición hecha por políticos dominicanos para empañar la imagen del gobierno, sino de una entidad imparcial, que mide objetivamente la realidad de un país en cuanto al estado del nivel de corrupción imperante en determinado período.

Tal apreciación fue corroborada por el Foro Económico Mundial, que atribuye a la administración de Leonel Fernández la ejecución de un masivo desvío de fondos públicos; el mismo organismo califica el gobierno de ineficiente, atribuyendo a la ineptitud gubernamental el despilfarro de recursos públicos; afirma el Foro que en el gobierno d Leonel Fernández impera el tráfico de influencias y el favoritismo; esto lo apreciamos y sufrimos en carne propia los ocoeños, que teníamos en Sabana Larga todos los equipos para levantar un complejo de frigoríficos, y de buenas a primeras, los equipos fueron sacados de Ocoa e instalados en Boca Chica, donde están al servicio de particulares.

Si otorgamos crédito a las palabras de Leonel Fernández, ahora que estamos padeciendo una corrupción rampante y generalizada, con un PIB estimado por el gobierno en unos 450 mil millones de pesos anuales, la única inferencia lógica posible es que los funcionarios corruptos, si tuviéramos el mismo índice de 3.6 que teníamos en el 2003, se llevarían entre las uñas 168 mil millones de pesos anualmente.

Con un índice de corrupción de 2.6, según los cálculos de Transparencia Internacional, la distracción de fondos públicos que van a parar a los bolsillos de los altos funcionarios, el gobierno del PLD y Leonel Fernández se convierte en el gobierno más corrupto que ha tenido la República Dominicana en toda su historia, y por eso se comprende el porqué de nuestro descalabro en cuando a la calidad de la educación pública y cuál es el motivo de que, pequeñas y necesarias obras, como la carretera de Ocoa al Cruce de Ocoa es remendada para apaciguar protestas en ciernes, mientras el pueblo ignora el destino de los fondos que fueron erogados por el gobierno de Leonel Fernández para supuestamente cambiar el eje y construir la carretera.

Si queremos recuperar los espacios y el tiempo perdido, debemos recuperar la riqueza en manos de funcionarios prevaricadores y ladrones, y trabajar en todos los frentes para erradicar la corrupción; si Leonel Fernández hubiera mantenido el nivel de corrupción similar al del año 2002, no habría déficit fiscal ni necesidad de endeudamiento externo, y dispondría de por lo menos 138 mil millones de pesos anuales para comenzar a saldar la deuda social acumulada.

La corrupción actúa como un cáncer, que enferma y postra a la sociedad, principalmente a los menos favorecidos por la fortuna; el pastor evangélico Ezequiel Molina acaba de poner el dedo sobre la llaga, al denunciar al mundo el estado de putrefacción en que se encuentra la sociedad dominicana, que ante tantos abusos ha perdido su capacidad de asombro, e impotente ante el poder avasallador detentado por el PLD y Leonel Fernández luce indefensa y paralizada.

El PLD llegó al poder inocente y virgen; con un discurso nuevo y adornado con una aureola inmaculada. Representaban la renovación de la esperanza, inspirada en las orientaciones de su fundador, cuya frugalidad espartana y desapego hacia los bienes materiales le proveían el temple propio de un asceta. Era el tiempo en que los gremios profesionales, sindicatos y organizaciones campesinas vieron en el ascenso de los jóvenes profesionales liberales la oportunidad de sus postergadas reivindicaciones.

Hoy, esos jóvenes profesionales liberales, voceros de obreros y defensores a ultranza de campesinos sin tierra, se han convertido en ricos burócratas y políticos-empresarios, seducidos por los encantos de la burguesía. Por eso han cambiado los intereses y se han abrazado a nuevos paradigmas. Desde su primer mandato Leonel Fernández suministró al pueblo dominicano señales claras de que era prevaricador y deshonesto, pues cuando el fraude de Baninter fue puesto al descubierto, era dueño de 118 millones de pesos, camuflados en una cuenta a nombre de FUNGLODE, su ONG. Si el pueblo se dejó engañar fue por ingenuidad.

Leonel Fernández ya tiene mentalidad empresarial. Sólo así es concebible que Leonel Fernández destituyera como juez de la Suprema Corte de Justicia al insobornable y bien calificado Julio César Suárez Dubernay, quien en sus años de ejercicio fue un abanderado permanente de los derechos de los obreros y defensor a ultranza de los campesinos sin tierra; Julio César, el abogado asesor de la Central General de Trabajadores (CGT), convertido en Juez de la Suprema Corte de Justicia, continuó siendo fiel a la máxima IN DUBIO PRO OPERARI (La duda favorece al obrero), pero en su nuevo estatus económico, Leonel Fernández se encuentra divorciado de los intereses de los obreros y por eso, al destituir inconstitucionalmente al magistrado Suárez, alegó que el magistrado era contrario a los intereses de los empresarios.

Con esa injusta destitución se colmó la copa de la corrupción en el año 2011, que fue bautizado por Leonel Fernández como El Año de la Transparencia, pero según confirman los hechos, 2011 fue El Año de la Corrupción.

LOS OBSTÁCULOS POLÍTICOS DE LA CARRERA JUDICIAL

V. Martínez.

La sociedad dominicana tiene una nueva Suprema Corte de Justicia; todos los jueces y juezas de Carrera Judicial, así como los abogados designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, reúnen los requisitos y los méritos necesarios para ser miembros del órgano de más jerarquía dentro del ámbito jurisdiccional, pero en la conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por Leonel Fernández, ha violado la Constitución de la República Dominicana (CRD) y la ley de Carrera Judicial.

En la sustitución de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que aún no han cumplido los 75 años, edad tope para poder optar por un cargo de juez en las llamadas altas cortes, el CNM no actuó apegado a la Constitución de la República, que en la parte in fine del artículo 183 establece lo siguiente: "En los casos en que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidiere la pertinencia de separar a un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia."

El texto constitucional está concebido para evitar que el CNM, o más bien la fuerza política dominante, desborde los límites de su poder y de la racionalidad, y sin causa justificada destituya a los jueces que aún no han llegado a la edad de retiro; Leonel Fernández, Reinaldo Pared Pérez, Abel Martínez, y Radhamés Jiménez, violaron la Constitución de la República, irrespetando las exigencias del artículo 183 de la CRD, al destituir arbitrariamente a varios jueces de la Suprema Corte de Justicia que no han llegado a la edad de retiro.

Mencionamos a estos funcionarios porque eran y son los que detentan el poder de decisión en el CNM. Si permitieron que se colara alguien ajeno a su parcela política, no lo hicieron por respeto o condescendencia con la oposición o a los poderes fácticos, sino por sus propias conveniencias. La violación a la ley de Carrera Judicial y a la CRD no tendrá consecuencias, pues en la democradura dominicana se guardan las apariencias legales, pero se impone la razón de la fuerza, y la fuerza la tiene el amo absoluto de todos los poderes: Leonel Fernández.

Leonel acaba de infligirle un rudo golpe a la Ley de Carrera Judicial, concebida para garantizar la permanencia en sus puestos a todos los jueces que cumplan con sus deberes. El primer escalón de la Carrera Judicial es la de Juez de Paz, y por acumulación de méritos se llega a los tribunales superiores, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. Sustituir a un juez que no ha cometido faltas envía un mensaje negativo a los jueces inferiores, pues tiende a sentirse inseguro en el cargo.

Pro Juris Causa Inc., a través de este espacio, advierte que la intención de Leonel Fernández no es simplemente controlar la Suprema Corte de Justicia, sino todos los tribunales del país, e imponer la justicia leoneliana: jueces obedientes a los dictados de Leonel Fernández y sus incondicionales. El plan ya está en marcha. Comenzó con una declaración de Nicolás de Jesús López Rodríguez, que ha sugerido a la nueva Suprema Corte de Justicia "evaluar" a todos los jueces del país. A la propuesta se han unido Reinaldo Pared Pérez, Presidente del Senado y miembro del CNM, el ministro César Pina Toribio, vocero del CNM y el Dr. Vinicio Castillo.Rodríguez (Vincho).

La "evaluación", en el lenguaje fascista-leoneliano, significa depuración para hacer una purga y separar a los jueces "sospechosos", que son todos los jueces sin militancia peledeista. Los promotores de la propuesta saben que la Suprema Corte de Justicia no tiene entre sus atribuciones la evaluación de los jueces, pues esa tarea corresponde al Consejo del Poder Judicial, controlado por jueces de carrera que no deben sus cargos al PLD, sino a sus propios méritos; pero en una nación donde inexplicablemente las instituciones permanecen en estado embrionario, cualquier arbitrariedad es posible, y no faltará dinero para legitimar la ilegalidad. En las democraduras impera la razón de la fuerza, y en este momento estamos viviendo en la democradura concebida por la ambición de poder absoluto que domina obsesivamente a Leonel Fernández.

El presidente Fernández hizo caso omiso al mandato constitucional, cónsono con el propósito fundamental de la Carrera Judicial: "En los casos en que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidiere la pertinencia de separar a un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia" y, fiel a objetivos muy personales, con connotaciones vengativas, prefirió actuar al margen de la ley, y en un hermetismo con reminiscencias inquisitoriales, decidió la sustitución de jueces que no han llegado al límite de los 75 años, sin ofrecer los motivos, tal y como exige la Constitución, destituyendo jueces que resultaron entre los mejores valorados, como lo fue el magistrado Julio Anibal Suárez Dubernay. El CNM complació el deseo del líder, maestro y guía, que está por encima de la Constitución de la República.

El artículo de marras remite al CNM a la ley que rige la materia, que es la Ley de Carrera Judicial (Ley 327-98), y donde están enumeradas taxativamente las faltas de los jueces que son sancionadas con la destitución. O sea que el poder para destituir que tiene el Consejo no es absoluto, sino que tiene como límite la ley.

La Constitución promulgada el 26 de enero del 2010 impide sustituir a los a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que aún no han cumplido 75 años, a menos que cometan una de las faltas previstas en la ley de Carrera Judicial; esto garantiza la permanencia en el sistema de jueces idóneos, y le otorga sentido a la Carrera, y mismo tiempo obliga a los jueces a esmerarse en el cumplimiento del deber.

La norma constitucional remite al Consejo Nacional de la Magistratura a la ley de la Carrera Judicial (Ley 327-98), que es la ley que rige la materia, y en esa legislación, su artí culo 66 recoge las faltas de los jueces que acarrean como sanción la destitución del cargo. Son faltas muy graves, propias de un juez prevaricador y venal, corrupto hasta los tuétanos.

Como vivimos sometidos al bombardeo sistemático de mentiras vendidas como verdad, subinformados y sin ninguna posibilidad de acceder a información oficial veraz, los ciudadanos dominicanos nos nutrimos de rumores, y atando cabo a veces nos acercamos a la verdad fáctica.

Esos jueces jóvenes, algunos de los cuales ingresaron a la judicatura cuando aún no se había reformado la Constitución del 1994, han sido colocados por el CNM morado en la picota pública, pues si fueron destituidos según la ley, debió ser por una falta muy grave. Y si no cometieron ninguna de las faltas que se sancionan con la destitución, entonces no podían ser legalmente sustituidos, y en consecuencia la conformación de la Suprema Corte de Justicia, al violar el artículo 183 de la CRD, es inconstitucional, y en la cúspide del Poder Judicial tendríamos un órgano afectado de nulidad.

Las únicas faltas de los jueces que se sancionan con la sustitución se encuentran taxativamente enumeradas en el artículo 66 de la Ley 327-98, y el artículo 183 de la CRD ratifica que para sustituir a un juez de la Suprema Corte de Justicia, su falta tiene que estar prevista en la ley. Si los jueces que no habían cumplido 75 anos cometieron alguna de esas faltas, el CNM tenia derecho a destituirlos, pero si no las cometieron el CNM actuó arbitrariamente, y su decisión es nula, porque así lo establece la Constitución.

Nos hemos quedado esperando la protesta de las organizaciones no gubernamentales que siempre están reclamando el imperio de la Constitución, así como de los influyentes poderes fácticos, a través de sus respectivos voceros. Pero parece que están bajo el influjo de algún soporífero o sumidos en una hipnosis profunda. Nadie habla, y quienes debieron asumir una posición inflexible a favor de que se respetara el procedimiento Constitucional, presentes en el CNM, fueron indiferentes a los reclamos de publicidad para las deliberaciones, a reclamar con vehemencia el respeto a los derechos de sus pares.

Los jueces jóvenes destituidos deben exigir al CNM que haga pública la evaluación de que fueron objeto, y que den a conocer cuales fueron las faltas que hicieron pertinente sus sustitución, pues queda en entredicho su honra, su reputación y su imagen pública, ya que sólo jueces venales, corruptos, sin principios ni ética, prevaricadores consuetudinarios son pasibles de ser destituidos, según lo establecido en la Constitución. Esperamos que esos jueces asuman públicamente la defensa de su conducta y de sus derechos. Asumir el silencio como respuesta a las pretensiones absolutistas de Fernández, es contrario a las conveniencias nacionales. Hay que enfrentar la insaciable ambición de poder de Leonel Fernández.

El desmembramiento de que ha sido objeto la Suprema Corte de Justicia, obedece al interés político de Leonel Fernández, no a las conveniencias de la justicia, y las sustituciones de todos los jueces que aún no han cumplido los 75 años tiene matices de venganza personal, aparentemente relacionado con el fallo del controvertido contrato suscrito entre Félix Bautista y la Sund Land, cuya inconstitucionalidad fue declarada en los motivos de la sentencia que dirimió la controversia, y en el que los magistrados Eglis Esmurdoc, Julio Aníbal Suárez y Ana Bergés en un voto disidente expusieron los motivos por los cuales el Partido Revolucionario Dominicano era una persona jurídica con calidad para interponer la acción de inconstitucionalidad. Esos tres jueces reivindicaron la dignidad de la justicia, y los tres fueron destituidos por Leonel Fernández, en franca violación a la Constitución de la República.

Eglis Esmurdoc, Julio Anibal Suárez y Ana Bergés fueron destituidos como jueces de la Suprema Corte de Justicia por Leonel Fernández Reyna, pues el Consejo Nacional de la Magistratura es Leonel Fernández Reyna, ya que los magistrados Jorge Subero y Víctor Castellanos, así como el diputado perredeista asistieron como figuras decorativas, sin ningún poder de decisión, aunque en las sesiones de evaluación de los aspirantes a las altas cortes estuvieron muy activos y exigentes, en ocasiones poniendo en aprieto a jueces de carrera.

Con la destitución de Eglis Esmurdoc, Julio Anibal Suárez y Ana Bergés se violó el artículo 66 de la Ley de Carrera Judicial (Ley 327-98), en el que están enumeradas las faltas de los jueces que son sancionadas con la destitución y el artículo 183 de la Constitución.

En el caso particular de Esmurdoc, se trata de una consagrada magistrada que ingresó a muy temprana edad a la judicatura, reconocida nacional e internacionalmente por su trabajo relacionado con las políticas de género, con una labor intensa, sin vacaciones, y con un comportamiento ejemplar. Su falta es la de ser esposa del ingeniero Hernani Salazar, uno de los colaboradores íntimos de Hipólito Mejía, y que junto a los magistrados Julio Anibal Suárez y Ana Bergés salvó el honor de la justicia dominicana, emitiendo un voto disidente que no le gustó a Leonel Fernández, en el caso de la Sund Land.

Ninguno de los jueces "jóvenes" de la Suprema Corte de Justicia merecía la destitución, y al hacerlo, el Consejo Nacional de la Magistratura (Léase Leonel Fernández Reyna) envía una mala señal a los jueces "inferiores", y a los jueces jóvenes recién designados en la Suprema, pues saben que no importa la calidad de su trabajo y su conducta dentro y fuera de la judicatura, y que cuando se reúna un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura quien tenga la mayoría determinará su suerte.

Suele decirse que para cruzar el desierto hace falta un Moisés; a partir de ahora ya los jueces saben que no sólo se necesita un Moisés para avanzar en la Carrera Judicial, sino también para permanecer en ella, y que su ascenso o permanencia no depende en absoluto de sus años en la Carrera Judicial ni de los méritos acumulados.

En la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia se cumplió con la cuota constitucional que otorga a los jueces de carrera el 75% de los puestos y a los académicos, profesionales meritorios o miembros del Ministerio Público el 25%. En esta ocasión, el presidente Leonel Fernández se sirvió con un cucharón, pues tomó para sí el 25%, ya que los cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia fueron seleccionados por él, a saber: Mariano Germán, Alejandro Moscoso Segarra, Frank Soto y Julio César Castaños Guzmán. Nadie pone en tela de juicio la capacidad y los méritos de esos nuevos magistrados, y todos reúnen los requisitos exigidos en la Constitución de la República.

No obstante, elegir al Presidente de la Suprema Corte de Justicia y al Primer Vicepresidente del 25% de la cuota que se asignó Leonel Fernández, e ignorar a los jueces Carrera Judicial, incluyendo a los que desde el 1997 están en la Suprema Corte de Justicia, aguardando su turno para dirigir el organismo, es un rudo golpe al escalafón judicial.

La Carrera Judicial fue concebida para ascender desde el más bajo peldaño, que es el de juez de paz, al más alto peldaño, que es la Suprema Corte de Justicia en base a los méritos acumulados dentro de la carrera. Muchos jueces de carrera que han acumulado méritos y tienen condiciones para dirigir el máximo tribunal del Poder Judicial se sienten anonadados.

Pero lo peor aún no ha llegado. Cuando se inicie la purga de los jueces "sospechosos", la destitución arbitraria de los jueces jóvenes de la Suprema Corte de Justicia pasará a un segundo plano. Los obstáculos políticos de la Carrera Judicial podrían dar al traste con los avances exhibidos por el Poder Judicial, expuesto a convertirse en un órgano al servicio de las pretensiones autocráticas de Leonel Fernández. El pueblo y los jueces están advertidos.