LA CARGA DE LA PRUEBA

"Actor incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor", reza la expresión latina que sintetiza uno de los principios que norman la prueba en todos los sistemas jurídicos influenciados por el derecho grecorromano.

El actor es el demandante, el que tiene a su cargo aportar las pruebas que demuestren sus pretensiones, y si no hace la prueba de sus alegatos, sucumbe, pierde el pleito. 

Esa regla de oro resultó inútil para sancionar el peor de los crímenes, (incluyendo narcotráfico y sicariato): La corrupción política, que es la causa principal de las condiciones sociales que generan los otros crímenes.

La corrupción política desvía fondos públicos a los bolsillos de los funcionarios, incluyendo al  presidente de turno, sus familiares, allegados y socios eventuales; el dinero para abonar a la deuda social acumulada desde el nacimiento de la República se los han robado los que han administrado los fondos públicos. Entidades como el Foro Económico Mundial y Transparencia Internacional coinciden en señalar que durante los 8 años que gobernó Leonel Fernández (2004-2012) la corrupción fue rampante, y que el desvío masivo de fondos públicos fue una constante. Tan sólo en una cuenta propiedad de Leonel Fernández y Felix Bautista, un testaferro de nombre Alberto Cedeño,  fueron depositados 73 millones de euros. Por supuesto que ni Leonel ni Felix recibieron personalmente esos fondos, sino que los recibieron a través de Funglode y Fundi, y como esas transacciones fueron realizadas a través del Banco de Reservas, todavía deben constar en sus archivos. ¿De qué actividad obtuvo Alberto ese dinero? ¿Será cierto que esos 73 millones de euros provienen del préstamo concertado a través  de la  Sund Land?
 

El botín de la corrupción generalmente queda en manos de un testaferro, o incrementan el capital de algún banquero o empresario que lo administra a cambio de alguna ventaja. En ocasiones se utiliza para adquirir bonos del propio Estado a través de la mafia financiera internacional que se especializa en blanquear capital proveniente del crimen organizado, y de ésta manera el producto del crímen rinde el doble, pues resulta que los mismos que se roban el dinero del Estado son los que compran bonos soberanos, los que pagará el pueblo religiosamente,  a través de endeudamientos.

En el gobierno de  Leonel Fernández se creó una nueva modalidad de corrupción: capitalizar ONG´S con los aportes de beneficiarios de obras del Estado. El caso FUNCLODE es paradigmático, y aunque las pruebas documentales son abundantes, el sistema judicial, incluyendo ministerio público y jueces, está controlado por el poder político, y el poder político tiene un nombre: Leonel Fernández.

La corrupción se ha convertido en el cáncer que mina la salud económica de las naciones subdesarrolladas, y  ha convertido la deuda social acumulada en impagable. La misma deuda social es hija de la corrupción política.

Leonel Fernández, era un abanderado de la lucha contra la corrupción política antes de ser elegido presidente de la República Dominicana. "Para combatir eficazmente la corrupcción, decía Leonel Fernández en el 1996, debemos invertir el fardo de la prueba." De esta manera, le corresponde a los funcionarios demostrar la procedencia del incremento de su fortuna. 

La Constitución votada el 26 de enero del 2010, instrumento creado por Leonel Fernández para asegurarse el control jurídico de la República Dominicana mientras respire, invirtió el fardo de la prueba en materia de corrupción

Citemos el Art. 146 de la CRD: 

" Se condena  toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia:

1. Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí  o para terceros provecho económico;

2. De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados; 

3. Es obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente."

Más claro no canta un gallo. El ministerio público, aunque tiene en esas previsiones las orientaciones necesarias para perseguir los actos d corrupción de los funcionarios públicos. 

La sustracción de fondos públicos no requiere que se trate de una acción fraudulenta, sino que basta conque se proporcione "ventajas",  como son otorgar obras de grado a grado a En personas o empresas de amigos, o de empresas propias administradas por testaferros; incrementar los presupuestos de dichas obras o, como en el caso Sund Land, suscribir un contrato para construir 11 obras por valor de 112 millones de dólares y, sin explicación, reducir el número de obras; erogar fondos para comprar bienes y servicios a empresas fantasmas; crear una organización sin fines de lucro para capitalizar con donativos de contratistas  favorecidos con obras públicas, etc.

A raíz de las informaciones sobre el financiamiento que otorgó Felix Bautista a un candidato presidencial peruano, sus pares del senado nombraron una comisión para investigar el origen de la fortuna de Bautista. Eso es  agarrar el rábano por las hojas, pues a quien le corresponde, según la Constitución, demostrar el sano crecimiento de su inmensa fortuna es a Felix Bautista, pues sobre él reposa la carga de la prueba. 

En la denuncia-querella que presentó  el doctor Guillermo Moreno en contra de Leonel Fernández, aparece un donativo de 45 millones de pesos que hizo Felix Bautista a Funglode, la ONG creada por Fernández para administrar parte de la fortuna mal habida, y como Felix Bautista no ha recibido ninguna cuantiosa herencia ni ha obtenido una buena cosecha, es lógico inferir que ese dinero es el fruto de ganancias obtenidas  por sus empresas, favorecidas por Leonel Fernández con asignación de todas las obras construidas a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), dirigida por Bautista, que es una dependencia directa de la Presidencia de la República. Según la Constitución, es Bautista quien debe demostrar cómo obtuvo ese dinero.

Pero 45 millones de pesos, entre esos turpenes, es una bagatela, pues Alberto Cedeño le donó a Funglode 9 millones 500 mil euros, que son casi 500 millones de pesos. 

Como en nuestro país la persecución de la corrupción requiere de la voluntad política y órdenes expresas del Presidente de la República, y Danilo le teme a Leonel más que el diablo a la cruz, tendremos que conformarnos con ser engañados, y aceptar que la Constitución que rige al pueblo no es la misma que rige a los funcionarios que nos gobiernan, y que estos, con la complicidad del ministerio público y de las personas colocadas como jueces en puestos claves, gracias al visto bueno de Leonel Fernández, pueden apropiarse de fondos públicos sin temer represalias, y si quieren parecerse a su líder, tan sólo tienen que crearse una ONG para nutrirla con aportes de agradecidos contratistas o beneficiarios de la generosidad del estado corrupto.

Cuando los señores congresistas se aboquen a modificar la Constitución para facilitar la reelección de Danilo Medina, harían bien en suprimir el Art. 146; así no perderíamos tiempo abrigando falsas esperanzas.

EL ASALTO INCONSTITUCIONAL Y ANTIESTATUTARIO AL PRD

De conformidad con el Art. 216 de la Constitución de la República, los ciudadanos y ciudadanas dominicanos recibimos la promesa de que   “La   conformación y funcionamiento  de los partidos políticos deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia…”,  y en el proclamado Estado Social de Derecho nos fue garantizado  el ejercicio  y salvaguarda de los derechos fundamentales.  Confiando en la promesa  constitucional los ciudadanos y ciudadanas canalizan su inquietudes a través de los partidos políticos, que son los instrumentos  idóneos para socializar propuestas y dar sentido y contenido a la ciudadanía. Sin ciudadanos conscientes políticamente organizados es imposible fortalecer las instituciones que requiere el Estado Social de Derecho, pues la promesa constitucional deviene en letra muerta.

Si la Constitución establece como un deber para los partidos políticos actuar con RESPETO A LA DEMOCRACIA INTERNA Y TRANSPARENCIA, corresponde a las personas  elegidas por LA CONVENCION, donde reside la legítima autoridad del partido, de acuerdo al Art. 45 de la Ley Electoral,  garantizar con sus actuaciones la vigencia de esos principios, que son mandatos constitucionales, y si no lo hace, la propia Constitución creó al Tribunal Superior Electoral con la atribución expresa de "estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos" (Art. 214 de la CRD).

Los magistrados que integran el TSE han faltado a su obligación, y en el caso del conflicto que mantiene anquilosado al PRD, han ignorado ex profeso las disposiciones consitucionales y las normas estatutarias para favorecer las posiciones autocráticas y arbitrarias asumidas por el ingeniero Miguel Vargas con el propósito de adueñarse  de la personería jurídica del Partido Revolucionario Domincano y reducir a la insignificancia a la dirigencia tradicional y combativa del PRD. 
Los jueces del TSE han actuado como socios de Miguel Vargas, adoptando resoluciones para desconocer  el RESPETO A LA DEMOCRACIA INTERNA Y LA TRANSPARENCIA. El PRD no está funcionando como manda la Constitución porque los magistrados del TSE no han cumplido con sus obligaciones.

Los magistrados que integran el Tribunal Superior Electoral (TSE) le han otorgado un tratamiento inapropiado al conflicto del PRD, actuando como si en la República Dominicana no  existieran leyes, y lo que han hecho es echarle fuego al conflicto, como si trataran de irritar a la base perrediesta para que salga a reclamar violentamente los derechos que le están usurpando.

El conflicto del PRD lo ha creado Miguel Vargas, ignorando los organismos durante más de dos años y alterando la composición de la Comisión Política y del Comité Ejecutivo Nacional para crearse una mayoría artificial. Los jueces del TSE han contribuido a que esa vagabundería le sirva a Miguel Vargas para hacer lo que le da la gana.

Hay abundancia de documentos fehacientes  para determinar  con meridiana exactitud quienes son los integrantes auténticos y legítimos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano, aptos para reunirse y deliberar de conformidad  con sus Estatutos.

Los jueces del TSE están impidiendo  sistemáticamente que se manifieste libérrimamente la voluntad política  de la colectividad perredeista,  integrada por  ciudadanos y ciudadanas  a quienes la Constitución les garantiza que al ingresar a cualquier partido político   tendrán el derecho a reclamar que  las autoridades de su partido y los órganos de dirección partidaria  actuarán con “respeto a la democracia interna y la transparencia”. 

Muchos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano , al considerar que sus derechos han sido conculcado  por Miguel Vargas Maldonado , han acudido ante el TSE para que el órgano creado para dirimir las controversias intrapartidarias  haga valer las disposicones estatutarias y constitucionales; pero con sus actuaciones las personas que fueron seleccionadas por Leonel Fernández para constituir el TSE han demostrado que no son jueces, sino sicarios jurídicos, dispuestos a cualquier diablura para favorecer los intereses contrarios al PRD. 

Los magistrados del TSE  no han estado a la altura que exigen las circunstancias, desaprovechando la oportunidad de servir las atribuciones de su cargo, pues resulta una tarea muy elemental, y la más importante y necesaria para llevar la tranquilidad a cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas, establecer con exactitud quienes son realmente las personas que integran el Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Esa es su obligación INELUDIBLE, y ellos han tenido en sus manos la lista de los 2307 miembros que según Miguel Vargas integran el CEN, y la lista de los 2007 que según Hipólito Mejía conforman ese organismo.

Aún más, a disposición de de los jueces del TSE está la lista de los 1792 miembros del CEN en su oportunidad fueron convocados para proclamar a Miguel Vargas como Presidente del PRD, en la asamblea celebrada el 19 de julio del 2009, y  el 8 de marzo de 2011 para proclamar a Hipólito Mejía y Luis Abinader como candidatos del PRD para las elecciones del 2012. O sea, que hasta antes de las elecciones esos 1792 fueron reconocidos  como los miembros del CEN elegidos por la XXIX Convención.

Era obligación ineludible de los magistrados del TSE resolver la discrepancia. Una labor sencilla, pues le bastaba cotejar las listas, establecer las coincidencias y determinar si el incremento de la matrícula a 2007 o 2307 se hizo de conformidad a la norma estatutaria, pues los estatutos del PRD  enumera taxativamente quienes tienen derecho a pertenecer al CEN.  Más claro ni el agua. Una vez que se determine matemáticamente cuantas personas tiene el CEN perredeista y quienes son, el conflicto creado  por quienes están empecinados en destruir al PRD será superado. Lo increíble es que hayamos creado una jurisdicción electoral para actuar como sepulturera de la democracia.

Las promesas del  Estado social de derecho sólo podrán ser realizados   si las instituciones creadas por la constitución sirven al interés colectivo imparcialidad y diligencia, pensando más en el pueblo llano, que carece de recursos para hacer oir su voz, y que impotentes, asisten como convidado de piedra ante la obvia intención de que se está utilizando la jurisdicción electoral para  descuartizar al buey blanco.

 Esos perredeistas quieren preservar la unidad de su partido,  y que se les respete el derecho a elegir sus autoridades, y si  coincidencialmente  se han nucleado en torno a Hipólito Mejía juntos a los dirigentes más emblemáticos de la organización,  lo hacen porque  movidos por un instinto de conservación, al intuir que se está ejecutando un plan concebido   para eliminar al PRD como opción de poder.

Los  hechos notorios  por su publicidad, acaecidos el día 2 de agosto del 2013, protagonizados por legítimos y reconocidos dirigentes del PRD , que en sus aspectos estatutarios y jurídicos  se les otorgó la fe pública debida a los documentos auténticos, avalados por varios integrantes del Colegio Dominicano de Notarios,  han tenido la virtud  de crear y conservar pruebas irrefragables para demostrar, sea ante el TSE o el Tribunal Constitucional  que las resoluciones adoptadas en ambos CEN son nulas de pleno derecho, al ser contrarias a disposiciones constitucionales.

No hubo respeto a la democracia interna ni transparencia, y  si Miguel Vargas e Hipólito Mejía no tienen capacidad para superar sus diferencias políticas,  corresponde a los órganos electorales asumir su responsabilidad  y  realizar un CEN transparente, con respeto a la democracia interna, y apego a la ley  de las partes. 

Según el acta depositada por el ingeniero Miguel  Vargas ante la Junta Central Electoral, (JCE),  los notarios públicos  Samuel  Moquete de la Cruz, Fernando Antonio Pichardo Cordones, blanca María Acosta Pérez y Víctor Manuel Muños Hernández, a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional celebrada en el Coliseo Teo cruz se registro quórum, con la asistencia de 1,722 miembros, de un total de 2307 miembros que integran el CEN de acuerdo a la lista preparada por  Vargas, equivalente a un 74,64%.

Según el acta elaborada por los notarios públicos que levantaron el acta de a la reunión de miembros del  Comité Ejecutivo Nacional del PRD celebrada en el Club Los Prados, asistieron de 1,606 miembros, de un total de 2007 miembros que integran el CEN de acuerdo a la lista de miembros del CEN certificada por la Junta Central Electoral, equivalente a un 80% de la matrícula del CEN.

Si a la reunión de Miguel Vargas asistieron  1722 miembros del CEN y a la de Hipólito Mejía 1606, y así lo hacen constar funcionarios que tienen fe pública, la sumatoria de los dirigentes que según los notarios fueron debidamente identificados y firmaron el acta de concurrencia  equivale a 3,328 miembros, a menos que algunos concurrieran a ambos eventos, lo que era imposible debido a que las reuniones coincidieron en el tiempo y a la de Vargas sólo se les permitió entrada a sus seguidores, amén de que algunos muchos miembros del CEN no asistieron a ninguno de los encuentros.

Es obvio que una de las dos reuniones no tuvo quorum, y por lo que se vió en televisión no hay dudas de que la dirigencia del PRD, las personas que siempre han dado la cara por el PRD estaban al lado de Hipólito Mejía.  Con los números se demuestra que el TSE no contribuyó a la transparencia, y esos sicarios jurídicos son los culpables de que hoy la sociedad dominicana desconozca cuales son realmente los dirigentes del PRD que integran el CEN.

El Presidente de la Junta Central Electoral manifestó que ese organismo no estuvo representado en ninguna de las dos reuniones, y por consiguiente no puede avalar  los resultados, y la cobertura de los medios  televisivos demostraron que la dirigencia reconocida del PRD acudió a la reunión de Hipólito Mejía.

Así las cosas, es obvio la falta de TRANSPARENCIA, pues la sociedad dominicana se quedó  con las ganas de conocer quienes son realmente las personas que integran el Comité Ejecutivo Nacional del PRD;  cuántos de los  1792 que aclamaron a Vargas como Presidente del PRD, y a Hipólito Mejía  como candidato presidencial, fueron excluidos, y  de donde emanó el poder que se arrogó Miguel Vargas para decidir unilateralmente a quienes integrar al CEN. 

Eso es materia contenciosa electoral y muchos ciudadanos que se consideran perjudicados por las actuaciones de Miguel Vargas acudieron al TSE, y éste órgano  no se empleó a fondo para que la verdad  se manifestara. 

Los Notarios Públicos avalaron que en la reunión de Miguel Vargas estuvieron presentes 1722 personas de las 2307 cuyos nombres figuraban en las listas utilizadas para comprobar el quórum; pero esos notarios  no estaban en condición de comprobar si realmente se trataba de miembros legítimos del CEN, que son los que fueron electos por la base del partido y los Síndicos, Diputados y Senador perredeistas, en su calidad de miembros ex oficios. Lo mismo podemos decir de los Notarios Públicos que avalaron los 1606  cuyos nombres figuraban en la lista que contenía los 2307 utilizada por Hipólito Mejía.

Todos los dirigentes del PRD que son miembros legítiimos del Comité Ejecutivo Nacional, especialmente los que no asistieron a ninguna de las convocatorias,  harían bien en poner a prueba por una vez más al Tribunal Superior Electoral, y solicitar  que sea declarado la NULIDAD   de ambos CEN, por ser violatoria a las disposicones del Art. 196 de la Constitución de la República,  y que el TSE  designe una Comisión que se encargue de determinar  cuántos y quienes son los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRD fueron elegidos en la  XXIX Convención y cuáles son los miembros ex oficios.  Esa suma es el CEN LEGÍTIMO, quienes deberán ser convocados  por el Presidente del Partido  en una fecha fijada por el TSE, para que en una asamblea supervisada por la Junta Central Electoral se adopten las decisiones que cuenten con el voto favorable de la mayoría, tal cual lo impone el principio del centralismo democrático, según consigna el Estatuto del PRD.

Los órganos electorales, JCE y TSE, conjuntamente con el Tribunal Constitucional, son los órganos llamados a mantener vigente el imperio de la ley y a colocarse al lado de la masa del PRD, que no tiene medios ni recursos para hacerse oir. En contra de esa inmensa legión de ciudadanos y ciudadanas humildes y anómimos,  se están permitiendo actos contrarios a la Constitución.  Ni Miguel Vargas ni Hipólito Mejía  necesitan representantes para reclamar sus derechos, pero la militancia del PRD  necesita que el  Poder Público se manifieste activamente para que en el PRD no haya suplantaciones ni  exclusiones.

Si el propósito de haber creado el Tribunal Superior Electoral es la de destruir la cohesión del Partido Revolucionario Dominicano, el TSE reconocerá la validez del CEN celebrado por Miguel Vargas , y podrá exclamar con satisfación: ¡Todo está consumado! El Estado Social de Derecho se habrá tenido de morado, y  quizás su ideólogo  se regocije celebrando el inicio de su milenio, pero podría también estar cavando la tumba de la esperanza para una inmensa legión de dominicanos y dominicanas que perdida la fe en el sistema  no socializará sus inquietudes en el manso cauce de la partidocracia, y optará por buscar otras alternativas para realizar el Estado Social de Derecho.

El CEN DE MIGUEL VARGAS NO REUNIÓ QUORUM, PUES SIMIPLEMENTE REUNIÓ PERSONAS NO MIEMBROS DEL CEN, Y EN CONSECUENCIA  SON NULOS DE PLENO DERECHO LAS RESOLUCIONES CON LA QUE PRETENDE IMIPONER NUEVAS AUTORIDADES Y ORGANIZAR UNA CONVENCIÓN HECHA COMO UN TRAJE A LA MEDIDA.

Las iniciativas  afanes para privar a una gran parte de la militancia del principal partido de la oposición  del derecho a  la disidencia y a participar libérrimamente en la elección de las autoridades partidarias; ante la manifiesta  animadversión y  parcialidad sospechosa con que  los magistrados del Tribunal Superior Electoral, convertidos en sicarios jurídicos, conducen a la sociedad dominicana hacia una eventual fracturación del orden institucional, comparto con ustedes, con la única intención de que contribuyan a evitar una tragedia de impredecibles consecuencias,  las siguientes apreciaciones.

Con Miguel Vargas Maldonado no hay que negociar nada: lo que sí deden hacer los legítimos dirigentes es utilizar las actas de las dos reuniones y solicitar al Colegio Dominicano de Notarios que se pronuncie sobre el trabajo hecho por los Notarios Públicos, y volver a apoderar al TSE  solicitando la Nulidad de todas las resoluciones y en solicitiud de que el TSE se pronuncie sobre la composición del CEN, partiendo de que hay 1792 miembros comunes. Si éste órgano insiste en mantener de espaldas a la Constitución, el asunto hay que llevarlo al Tribiunal Constitucional, y si aquí no HAY UN TRIBUNAL QUE RESPETE LA NORMA CONSTITUCIONAL,  el camino hay que recorrerlo junto a las masas del PRD, hasta que se respete la legalidad.