miércoles, 13 de mayo de 2015

CLAMANDO JUSTICIA EN DOMINICANA


En septiembre del 2013, a raíz del secuestro fraudulento de un vehículo, inicie una investigación que culminó con la presentación de una querella por falsificación, uso de documentos falsos y suministro de información falsa a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a través del Departamento de Vehículos de Motor.
El Procurador Fiscal encargado de ponderar los méritos de la querella solicitó a la DGII la remisión del expediente del vehículo, donde se encuentra un acto de venta falso, elaborado sin la participación de la compradora, cuya firma fue falsificada, y una serie de traspasos y registros que no cumplen con el voto de la ley.
El acto fue requerido por el Ministerio Público para hacer un experticio a una firma, pero la DGII, hasta el momento, ha hecho caso omiso al requerimiento del Ministerio Público.
La renuencia de la DGII nos motivó a profundizar la investigación, y el resultado sostiene la convicción de que hay empleados del Departamento de Vehículos de Motor que actúan como cómplices de personas involucradas en el negocio de automotores.
Pienso que los mafiosos me quieren vencer por cansancio, o quizás cuando les resulte molestoso opten por pagar a un sicario para concluir el caso.
Como mi espíritu está templado para resistir todos los avatares, antes de mi partida, me dispongo a divulgar por los medios a mi alcance, los detalles de una sustracción fraudulenta, a la que han contribuido un alguacil, un juez de paz, una secretaria, un procurador adjunto y la indiferencia de la DGII, órgano público contra el que presentamos una demanda por daños y perjuicios pendiente de ser conocida en el Tribunal Superior Administrativo.
Divulgar el caso es la única alternativa que considero plausible. Pido la colaboración de mis amigos y de las personas que todavía aspiran a vivir en un Estado de Derecho, donde todos los ciudadanos, tutumpotes o hijos de Machepa, sean tratados como iguales.
Periódicamente publicaremos los resultados de las gestiones administrativas y jurisdiccionales encaminadas para que se manifieste la verdad y se haga justicia. Este es el comienzo...
En la imagen superior figura la firma falsificada (el original está en poder de la DGII y han hecho caso omiso al requerimiento del ministerio público para realizar un experticio);en la imagen inferior la firma real.
¡COLEGAS ABOGADOS, DEL PAÍS Y DEL MUNDO, CUELGUEN EN SU MURO ESTA INFORMACIÓN!
¡OBLIGUEMOS AL ESTADO DOMINICANO A SERVIR CON TRANSPARENCIA EL INTERÉS PÚBLICO Y LA FUNCIÓN JUDICIAL!

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