De conformidad con el Art. 216 de
la Constitución de la República, los ciudadanos y ciudadanas dominicanos
recibimos la promesa de que “La conformación y funcionamiento de los partidos políticos deben sustentarse
en el respeto a la democracia interna y a la transparencia…”, y en el proclamado Estado Social de Derecho
nos fue garantizado el ejercicio y salvaguarda de los derechos fundamentales. Confiando en la promesa constitucional los ciudadanos y ciudadanas
canalizan su inquietudes a través de los partidos políticos, que son los
instrumentos idóneos para socializar
propuestas y dar sentido y contenido a la ciudadanía. Sin ciudadanos
conscientes políticamente organizados es imposible fortalecer las instituciones
que requiere el Estado Social de Derecho, pues la promesa constitucional
deviene en letra muerta.
Si la Constitución establece como un deber para los partidos políticos
actuar con RESPETO A LA DEMOCRACIA INTERNA Y TRANSPARENCIA, corresponde a las personas elegidas por LA CONVENCION, donde reside la legítima autoridad del partido, de acuerdo al Art. 45 de la Ley Electoral, garantizar con sus
actuaciones la vigencia de esos principios, que son mandatos constitucionales, y si no lo hace, la propia Constitución creó al Tribunal Superior Electoral con la atribución expresa de "estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos" (Art. 214 de la CRD).
Los magistrados que integran el TSE han faltado a su obligación, y en el caso del conflicto que mantiene anquilosado al PRD, han ignorado ex profeso las disposiciones consitucionales y las normas estatutarias para favorecer las posiciones autocráticas y arbitrarias asumidas por el ingeniero Miguel Vargas con el propósito de adueñarse de la personería jurídica del Partido Revolucionario Domincano y reducir a la insignificancia a la dirigencia tradicional y combativa del PRD.
Los jueces del TSE han actuado como socios de Miguel Vargas, adoptando resoluciones para desconocer el RESPETO A LA DEMOCRACIA INTERNA Y LA TRANSPARENCIA. El PRD no está funcionando como manda la Constitución porque los magistrados del TSE no han cumplido con sus obligaciones.
Los magistrados que integran el Tribunal Superior Electoral (TSE) le
han otorgado un tratamiento inapropiado al conflicto del PRD, actuando como si en la República Dominicana no existieran leyes, y lo que han hecho es echarle fuego al conflicto, como si trataran de irritar a la base perrediesta para que salga a reclamar violentamente los derechos que le están usurpando.
El conflicto del PRD lo ha creado Miguel Vargas, ignorando los organismos durante más de dos años y alterando la composición de la Comisión Política y del Comité Ejecutivo Nacional para crearse una mayoría artificial. Los jueces del TSE han contribuido a que esa vagabundería le sirva a Miguel Vargas para hacer lo que le da la gana.
Hay abundancia de documentos fehacientes para determinar con
meridiana exactitud quienes son los integrantes auténticos y legítimos del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano, aptos para
reunirse y deliberar de conformidad con
sus Estatutos.
Los jueces del TSE están impidiendo
sistemáticamente que se manifieste libérrimamente la voluntad
política de la colectividad
perredeista, integrada por ciudadanos y ciudadanas a quienes la Constitución les garantiza que al
ingresar a cualquier partido político
tendrán el derecho a reclamar que las autoridades de su partido y los órganos de
dirección partidaria actuarán con
“respeto a la democracia interna y la transparencia”.
Muchos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano , al considerar
que sus derechos han sido conculcado por
Miguel Vargas Maldonado , han acudido ante el TSE para que el órgano creado
para dirimir las controversias intrapartidarias
haga valer las disposicones estatutarias y constitucionales; pero con sus actuaciones las personas que fueron seleccionadas por Leonel Fernández para constituir el TSE han demostrado que no son jueces, sino sicarios jurídicos, dispuestos a cualquier diablura para favorecer los intereses contrarios al PRD.
Los magistrados del TSE no han
estado a la altura que exigen las circunstancias, desaprovechando la
oportunidad de servir las atribuciones de su cargo, pues resulta una tarea muy
elemental, y la más importante y necesaria para llevar la tranquilidad a
cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas, establecer con exactitud quienes
son realmente las personas que integran el Comité Ejecutivo Nacional del PRD.
Esa es su obligación INELUDIBLE, y ellos han tenido en sus manos la lista de
los 2307 miembros que según Miguel Vargas integran el CEN, y la lista de los
2007 que según Hipólito Mejía conforman ese organismo.
Aún más, a disposición de de los jueces del TSE está la lista de los
1792 miembros del CEN en su oportunidad fueron convocados para proclamar a
Miguel Vargas como Presidente del PRD, en la asamblea celebrada el 19 de julio
del 2009, y el 8 de marzo de 2011 para
proclamar a Hipólito Mejía y Luis Abinader como candidatos del PRD para las
elecciones del 2012. O sea, que hasta antes de las elecciones esos 1792 fueron
reconocidos como los miembros del CEN
elegidos por la XXIX Convención.
Era obligación ineludible de los magistrados del TSE resolver la
discrepancia. Una labor sencilla, pues le bastaba cotejar las listas,
establecer las coincidencias y determinar si el incremento de la matrícula a
2007 o 2307 se hizo de conformidad a la norma estatutaria, pues los estatutos
del PRD enumera taxativamente quienes
tienen derecho a pertenecer al CEN. Más
claro ni el agua. Una vez que se determine matemáticamente cuantas personas
tiene el CEN perredeista y quienes son, el conflicto creado por quienes están empecinados en destruir al
PRD será superado. Lo increíble es que hayamos creado una jurisdicción
electoral para actuar como sepulturera de la democracia.
Las promesas del Estado social
de derecho sólo podrán ser realizados si
las instituciones creadas por la constitución sirven al interés colectivo
imparcialidad y diligencia, pensando más en el pueblo llano, que carece de
recursos para hacer oir su voz, y que impotentes, asisten como convidado de
piedra ante la obvia intención de que se está utilizando la jurisdicción electoral
para descuartizar al buey blanco.
Esos perredeistas quieren
preservar la unidad de su partido, y que
se les respete el derecho a elegir sus autoridades, y si coincidencialmente se han nucleado en torno a Hipólito Mejía
juntos a los dirigentes más emblemáticos de la organización, lo hacen porque movidos por un instinto de conservación, al
intuir que se está ejecutando un plan concebido para eliminar al PRD como opción de poder.
Los hechos notorios por su publicidad, acaecidos el día 2 de
agosto del 2013, protagonizados por legítimos y reconocidos dirigentes del PRD ,
que en sus aspectos estatutarios y jurídicos
se les otorgó la fe pública debida a los documentos auténticos, avalados
por varios integrantes del Colegio Dominicano de Notarios, han tenido la virtud de crear y conservar pruebas irrefragables
para demostrar, sea ante el TSE o el Tribunal Constitucional que las resoluciones adoptadas en ambos CEN
son nulas de pleno derecho, al ser contrarias a disposiciones constitucionales.
No hubo respeto a la democracia interna ni transparencia, y si Miguel Vargas e Hipólito Mejía no tienen
capacidad para superar sus diferencias políticas, corresponde a los órganos electorales asumir
su responsabilidad y realizar un CEN transparente, con respeto a
la democracia interna, y apego a la ley
de las partes.
Según el acta depositada por el
ingeniero Miguel Vargas ante la Junta
Central Electoral, (JCE), los notarios
públicos Samuel Moquete de la Cruz,
Fernando Antonio Pichardo Cordones, blanca María Acosta Pérez y Víctor Manuel
Muños Hernández, a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional celebrada en el
Coliseo Teo cruz se registro quórum, con la asistencia de 1,722 miembros, de un
total de 2307 miembros que integran el CEN de acuerdo a la lista preparada
por Vargas, equivalente a un 74,64%.
Según el acta elaborada por los
notarios públicos que levantaron el acta de a la reunión de miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRD celebrada en
el Club Los Prados, asistieron de 1,606 miembros, de un total de 2007 miembros
que integran el CEN de acuerdo a la lista de miembros del CEN certificada por
la Junta Central Electoral, equivalente a un 80% de la matrícula del CEN.
Si a la reunión de Miguel Vargas
asistieron 1722 miembros del CEN y a la
de Hipólito Mejía 1606, y así lo hacen constar funcionarios que tienen fe
pública, la sumatoria de los dirigentes que según los notarios fueron
debidamente identificados y firmaron el acta de concurrencia equivale a 3,328 miembros, a menos que
algunos concurrieran a ambos eventos, lo que era imposible debido a que las
reuniones coincidieron en el tiempo y a la de Vargas sólo se les permitió
entrada a sus seguidores, amén de que algunos muchos miembros del CEN no
asistieron a ninguno de los encuentros.
Es obvio que una de las dos reuniones no tuvo quorum, y por lo que se vió en televisión no hay dudas de que la dirigencia del PRD, las personas que siempre han dado la cara por el PRD estaban al lado de Hipólito Mejía. Con los números se demuestra que el TSE no contribuyó a la transparencia, y esos sicarios jurídicos son los culpables de que hoy la sociedad dominicana desconozca cuales son realmente los dirigentes del PRD que integran el CEN.
El Presidente de la Junta Central
Electoral manifestó que ese organismo no estuvo representado en ninguna de las
dos reuniones, y por consiguiente no puede avalar los resultados, y la cobertura de los
medios televisivos demostraron que la
dirigencia reconocida del PRD acudió a la reunión de Hipólito Mejía.
Así las cosas, es obvio la falta
de TRANSPARENCIA, pues la sociedad dominicana se quedó con las ganas de conocer quienes son
realmente las personas que integran el Comité Ejecutivo Nacional del PRD; cuántos de los 1792 que aclamaron a Vargas como Presidente
del PRD, y a Hipólito Mejía como
candidato presidencial, fueron excluidos, y
de donde emanó el poder que se arrogó Miguel Vargas para decidir
unilateralmente a quienes integrar al CEN.
Eso es materia contenciosa
electoral y muchos ciudadanos que se consideran perjudicados por las
actuaciones de Miguel Vargas acudieron al TSE, y éste órgano no se empleó a fondo para que la verdad se manifestara.
Los Notarios Públicos avalaron
que en la reunión de Miguel Vargas estuvieron presentes 1722 personas de las
2307 cuyos nombres figuraban en las listas utilizadas para comprobar el quórum;
pero esos notarios no estaban en
condición de comprobar si realmente se trataba de miembros legítimos del CEN,
que son los que fueron electos por la base del partido y los Síndicos,
Diputados y Senador perredeistas, en su calidad de miembros ex oficios. Lo
mismo podemos decir de los Notarios Públicos que avalaron los 1606 cuyos nombres figuraban en la lista que
contenía los 2307 utilizada por Hipólito Mejía.
Todos los dirigentes del PRD que
son miembros legítiimos del Comité Ejecutivo Nacional, especialmente los que no
asistieron a ninguna de las convocatorias,
harían bien en poner a prueba por una vez más al Tribunal Superior
Electoral, y solicitar que sea declarado
la NULIDAD de ambos CEN, por ser
violatoria a las disposicones del Art. 196 de la Constitución de la República, y que el TSE
designe una Comisión que se encargue de determinar cuántos y quienes son los integrantes del
Comité Ejecutivo Nacional del PRD fueron elegidos en la XXIX Convención y cuáles son los miembros ex
oficios. Esa suma es el CEN LEGÍTIMO,
quienes deberán ser convocados por el
Presidente del Partido en una fecha
fijada por el TSE, para que en una asamblea supervisada por la Junta Central
Electoral se adopten las decisiones que cuenten con el voto favorable de la
mayoría, tal cual lo impone el principio del centralismo democrático, según
consigna el Estatuto del PRD.
Los órganos electorales, JCE y
TSE, conjuntamente con el Tribunal Constitucional, son los órganos llamados a
mantener vigente el imperio de la ley y a colocarse al lado de la masa del PRD,
que no tiene medios ni recursos para hacerse oir. En contra de esa inmensa
legión de ciudadanos y ciudadanas humildes y anómimos, se están permitiendo actos contrarios a la
Constitución. Ni Miguel Vargas ni
Hipólito Mejía necesitan representantes
para reclamar sus derechos, pero la militancia del PRD necesita que el Poder Público se manifieste activamente para
que en el PRD no haya suplantaciones ni
exclusiones.
Si el propósito de haber creado
el Tribunal Superior Electoral es la de destruir la cohesión del Partido
Revolucionario Dominicano, el TSE reconocerá la validez del CEN celebrado por
Miguel Vargas , y podrá exclamar con satisfación: ¡Todo está consumado! El
Estado Social de Derecho se habrá tenido de morado, y quizás su ideólogo se regocije celebrando el inicio de su
milenio, pero podría también estar cavando la tumba de la esperanza para una
inmensa legión de dominicanos y dominicanas que perdida la fe en el
sistema no socializará sus inquietudes
en el manso cauce de la partidocracia, y optará por buscar otras alternativas
para realizar el Estado Social de Derecho.
El CEN DE MIGUEL VARGAS NO REUNIÓ QUORUM, PUES SIMIPLEMENTE REUNIÓ PERSONAS NO MIEMBROS DEL CEN, Y EN CONSECUENCIA SON NULOS DE PLENO DERECHO LAS RESOLUCIONES CON LA QUE PRETENDE IMIPONER NUEVAS AUTORIDADES Y ORGANIZAR UNA CONVENCIÓN HECHA COMO UN TRAJE A LA MEDIDA.
Las iniciativas afanes para privar a una gran parte de la
militancia del principal partido de la oposición del derecho a
la disidencia y a participar libérrimamente en la elección de las
autoridades partidarias; ante la manifiesta
animadversión y parcialidad
sospechosa con que los magistrados del
Tribunal Superior Electoral, convertidos en sicarios jurídicos, conducen a la
sociedad dominicana hacia una eventual fracturación del orden institucional,
comparto con ustedes, con la única intención de que contribuyan a evitar una
tragedia de impredecibles consecuencias,
las siguientes apreciaciones.
Con Miguel Vargas Maldonado no hay que negociar nada: lo que sí deden hacer los legítimos dirigentes es utilizar las actas de las dos reuniones y solicitar al Colegio Dominicano de Notarios que se pronuncie sobre el trabajo hecho por los Notarios Públicos, y volver a apoderar al TSE solicitando la Nulidad de todas las resoluciones y en solicitiud de que el TSE se pronuncie sobre la composición del CEN, partiendo de que hay 1792 miembros comunes. Si éste órgano insiste en mantener de espaldas a la Constitución, el asunto hay que llevarlo al Tribiunal Constitucional, y si aquí no HAY UN TRIBUNAL QUE RESPETE LA NORMA CONSTITUCIONAL, el camino hay que recorrerlo junto a las masas del PRD, hasta que se respete la legalidad.