LOS OBSTÁCULOS POLÍTICOS DE LA CARRERA JUDICIAL

V. Martínez.

La sociedad dominicana tiene una nueva Suprema Corte de Justicia; todos los jueces y juezas de Carrera Judicial, así como los abogados designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, reúnen los requisitos y los méritos necesarios para ser miembros del órgano de más jerarquía dentro del ámbito jurisdiccional, pero en la conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por Leonel Fernández, ha violado la Constitución de la República Dominicana (CRD) y la ley de Carrera Judicial.

En la sustitución de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que aún no han cumplido los 75 años, edad tope para poder optar por un cargo de juez en las llamadas altas cortes, el CNM no actuó apegado a la Constitución de la República, que en la parte in fine del artículo 183 establece lo siguiente: "En los casos en que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidiere la pertinencia de separar a un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia."

El texto constitucional está concebido para evitar que el CNM, o más bien la fuerza política dominante, desborde los límites de su poder y de la racionalidad, y sin causa justificada destituya a los jueces que aún no han llegado a la edad de retiro; Leonel Fernández, Reinaldo Pared Pérez, Abel Martínez, y Radhamés Jiménez, violaron la Constitución de la República, irrespetando las exigencias del artículo 183 de la CRD, al destituir arbitrariamente a varios jueces de la Suprema Corte de Justicia que no han llegado a la edad de retiro.

Mencionamos a estos funcionarios porque eran y son los que detentan el poder de decisión en el CNM. Si permitieron que se colara alguien ajeno a su parcela política, no lo hicieron por respeto o condescendencia con la oposición o a los poderes fácticos, sino por sus propias conveniencias. La violación a la ley de Carrera Judicial y a la CRD no tendrá consecuencias, pues en la democradura dominicana se guardan las apariencias legales, pero se impone la razón de la fuerza, y la fuerza la tiene el amo absoluto de todos los poderes: Leonel Fernández.

Leonel acaba de infligirle un rudo golpe a la Ley de Carrera Judicial, concebida para garantizar la permanencia en sus puestos a todos los jueces que cumplan con sus deberes. El primer escalón de la Carrera Judicial es la de Juez de Paz, y por acumulación de méritos se llega a los tribunales superiores, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. Sustituir a un juez que no ha cometido faltas envía un mensaje negativo a los jueces inferiores, pues tiende a sentirse inseguro en el cargo.

Pro Juris Causa Inc., a través de este espacio, advierte que la intención de Leonel Fernández no es simplemente controlar la Suprema Corte de Justicia, sino todos los tribunales del país, e imponer la justicia leoneliana: jueces obedientes a los dictados de Leonel Fernández y sus incondicionales. El plan ya está en marcha. Comenzó con una declaración de Nicolás de Jesús López Rodríguez, que ha sugerido a la nueva Suprema Corte de Justicia "evaluar" a todos los jueces del país. A la propuesta se han unido Reinaldo Pared Pérez, Presidente del Senado y miembro del CNM, el ministro César Pina Toribio, vocero del CNM y el Dr. Vinicio Castillo.Rodríguez (Vincho).

La "evaluación", en el lenguaje fascista-leoneliano, significa depuración para hacer una purga y separar a los jueces "sospechosos", que son todos los jueces sin militancia peledeista. Los promotores de la propuesta saben que la Suprema Corte de Justicia no tiene entre sus atribuciones la evaluación de los jueces, pues esa tarea corresponde al Consejo del Poder Judicial, controlado por jueces de carrera que no deben sus cargos al PLD, sino a sus propios méritos; pero en una nación donde inexplicablemente las instituciones permanecen en estado embrionario, cualquier arbitrariedad es posible, y no faltará dinero para legitimar la ilegalidad. En las democraduras impera la razón de la fuerza, y en este momento estamos viviendo en la democradura concebida por la ambición de poder absoluto que domina obsesivamente a Leonel Fernández.

El presidente Fernández hizo caso omiso al mandato constitucional, cónsono con el propósito fundamental de la Carrera Judicial: "En los casos en que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidiere la pertinencia de separar a un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia" y, fiel a objetivos muy personales, con connotaciones vengativas, prefirió actuar al margen de la ley, y en un hermetismo con reminiscencias inquisitoriales, decidió la sustitución de jueces que no han llegado al límite de los 75 años, sin ofrecer los motivos, tal y como exige la Constitución, destituyendo jueces que resultaron entre los mejores valorados, como lo fue el magistrado Julio Anibal Suárez Dubernay. El CNM complació el deseo del líder, maestro y guía, que está por encima de la Constitución de la República.

El artículo de marras remite al CNM a la ley que rige la materia, que es la Ley de Carrera Judicial (Ley 327-98), y donde están enumeradas taxativamente las faltas de los jueces que son sancionadas con la destitución. O sea que el poder para destituir que tiene el Consejo no es absoluto, sino que tiene como límite la ley.

La Constitución promulgada el 26 de enero del 2010 impide sustituir a los a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que aún no han cumplido 75 años, a menos que cometan una de las faltas previstas en la ley de Carrera Judicial; esto garantiza la permanencia en el sistema de jueces idóneos, y le otorga sentido a la Carrera, y mismo tiempo obliga a los jueces a esmerarse en el cumplimiento del deber.

La norma constitucional remite al Consejo Nacional de la Magistratura a la ley de la Carrera Judicial (Ley 327-98), que es la ley que rige la materia, y en esa legislación, su artí culo 66 recoge las faltas de los jueces que acarrean como sanción la destitución del cargo. Son faltas muy graves, propias de un juez prevaricador y venal, corrupto hasta los tuétanos.

Como vivimos sometidos al bombardeo sistemático de mentiras vendidas como verdad, subinformados y sin ninguna posibilidad de acceder a información oficial veraz, los ciudadanos dominicanos nos nutrimos de rumores, y atando cabo a veces nos acercamos a la verdad fáctica.

Esos jueces jóvenes, algunos de los cuales ingresaron a la judicatura cuando aún no se había reformado la Constitución del 1994, han sido colocados por el CNM morado en la picota pública, pues si fueron destituidos según la ley, debió ser por una falta muy grave. Y si no cometieron ninguna de las faltas que se sancionan con la destitución, entonces no podían ser legalmente sustituidos, y en consecuencia la conformación de la Suprema Corte de Justicia, al violar el artículo 183 de la CRD, es inconstitucional, y en la cúspide del Poder Judicial tendríamos un órgano afectado de nulidad.

Las únicas faltas de los jueces que se sancionan con la sustitución se encuentran taxativamente enumeradas en el artículo 66 de la Ley 327-98, y el artículo 183 de la CRD ratifica que para sustituir a un juez de la Suprema Corte de Justicia, su falta tiene que estar prevista en la ley. Si los jueces que no habían cumplido 75 anos cometieron alguna de esas faltas, el CNM tenia derecho a destituirlos, pero si no las cometieron el CNM actuó arbitrariamente, y su decisión es nula, porque así lo establece la Constitución.

Nos hemos quedado esperando la protesta de las organizaciones no gubernamentales que siempre están reclamando el imperio de la Constitución, así como de los influyentes poderes fácticos, a través de sus respectivos voceros. Pero parece que están bajo el influjo de algún soporífero o sumidos en una hipnosis profunda. Nadie habla, y quienes debieron asumir una posición inflexible a favor de que se respetara el procedimiento Constitucional, presentes en el CNM, fueron indiferentes a los reclamos de publicidad para las deliberaciones, a reclamar con vehemencia el respeto a los derechos de sus pares.

Los jueces jóvenes destituidos deben exigir al CNM que haga pública la evaluación de que fueron objeto, y que den a conocer cuales fueron las faltas que hicieron pertinente sus sustitución, pues queda en entredicho su honra, su reputación y su imagen pública, ya que sólo jueces venales, corruptos, sin principios ni ética, prevaricadores consuetudinarios son pasibles de ser destituidos, según lo establecido en la Constitución. Esperamos que esos jueces asuman públicamente la defensa de su conducta y de sus derechos. Asumir el silencio como respuesta a las pretensiones absolutistas de Fernández, es contrario a las conveniencias nacionales. Hay que enfrentar la insaciable ambición de poder de Leonel Fernández.

El desmembramiento de que ha sido objeto la Suprema Corte de Justicia, obedece al interés político de Leonel Fernández, no a las conveniencias de la justicia, y las sustituciones de todos los jueces que aún no han cumplido los 75 años tiene matices de venganza personal, aparentemente relacionado con el fallo del controvertido contrato suscrito entre Félix Bautista y la Sund Land, cuya inconstitucionalidad fue declarada en los motivos de la sentencia que dirimió la controversia, y en el que los magistrados Eglis Esmurdoc, Julio Aníbal Suárez y Ana Bergés en un voto disidente expusieron los motivos por los cuales el Partido Revolucionario Dominicano era una persona jurídica con calidad para interponer la acción de inconstitucionalidad. Esos tres jueces reivindicaron la dignidad de la justicia, y los tres fueron destituidos por Leonel Fernández, en franca violación a la Constitución de la República.

Eglis Esmurdoc, Julio Anibal Suárez y Ana Bergés fueron destituidos como jueces de la Suprema Corte de Justicia por Leonel Fernández Reyna, pues el Consejo Nacional de la Magistratura es Leonel Fernández Reyna, ya que los magistrados Jorge Subero y Víctor Castellanos, así como el diputado perredeista asistieron como figuras decorativas, sin ningún poder de decisión, aunque en las sesiones de evaluación de los aspirantes a las altas cortes estuvieron muy activos y exigentes, en ocasiones poniendo en aprieto a jueces de carrera.

Con la destitución de Eglis Esmurdoc, Julio Anibal Suárez y Ana Bergés se violó el artículo 66 de la Ley de Carrera Judicial (Ley 327-98), en el que están enumeradas las faltas de los jueces que son sancionadas con la destitución y el artículo 183 de la Constitución.

En el caso particular de Esmurdoc, se trata de una consagrada magistrada que ingresó a muy temprana edad a la judicatura, reconocida nacional e internacionalmente por su trabajo relacionado con las políticas de género, con una labor intensa, sin vacaciones, y con un comportamiento ejemplar. Su falta es la de ser esposa del ingeniero Hernani Salazar, uno de los colaboradores íntimos de Hipólito Mejía, y que junto a los magistrados Julio Anibal Suárez y Ana Bergés salvó el honor de la justicia dominicana, emitiendo un voto disidente que no le gustó a Leonel Fernández, en el caso de la Sund Land.

Ninguno de los jueces "jóvenes" de la Suprema Corte de Justicia merecía la destitución, y al hacerlo, el Consejo Nacional de la Magistratura (Léase Leonel Fernández Reyna) envía una mala señal a los jueces "inferiores", y a los jueces jóvenes recién designados en la Suprema, pues saben que no importa la calidad de su trabajo y su conducta dentro y fuera de la judicatura, y que cuando se reúna un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura quien tenga la mayoría determinará su suerte.

Suele decirse que para cruzar el desierto hace falta un Moisés; a partir de ahora ya los jueces saben que no sólo se necesita un Moisés para avanzar en la Carrera Judicial, sino también para permanecer en ella, y que su ascenso o permanencia no depende en absoluto de sus años en la Carrera Judicial ni de los méritos acumulados.

En la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia se cumplió con la cuota constitucional que otorga a los jueces de carrera el 75% de los puestos y a los académicos, profesionales meritorios o miembros del Ministerio Público el 25%. En esta ocasión, el presidente Leonel Fernández se sirvió con un cucharón, pues tomó para sí el 25%, ya que los cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia fueron seleccionados por él, a saber: Mariano Germán, Alejandro Moscoso Segarra, Frank Soto y Julio César Castaños Guzmán. Nadie pone en tela de juicio la capacidad y los méritos de esos nuevos magistrados, y todos reúnen los requisitos exigidos en la Constitución de la República.

No obstante, elegir al Presidente de la Suprema Corte de Justicia y al Primer Vicepresidente del 25% de la cuota que se asignó Leonel Fernández, e ignorar a los jueces Carrera Judicial, incluyendo a los que desde el 1997 están en la Suprema Corte de Justicia, aguardando su turno para dirigir el organismo, es un rudo golpe al escalafón judicial.

La Carrera Judicial fue concebida para ascender desde el más bajo peldaño, que es el de juez de paz, al más alto peldaño, que es la Suprema Corte de Justicia en base a los méritos acumulados dentro de la carrera. Muchos jueces de carrera que han acumulado méritos y tienen condiciones para dirigir el máximo tribunal del Poder Judicial se sienten anonadados.

Pero lo peor aún no ha llegado. Cuando se inicie la purga de los jueces "sospechosos", la destitución arbitraria de los jueces jóvenes de la Suprema Corte de Justicia pasará a un segundo plano. Los obstáculos políticos de la Carrera Judicial podrían dar al traste con los avances exhibidos por el Poder Judicial, expuesto a convertirse en un órgano al servicio de las pretensiones autocráticas de Leonel Fernández. El pueblo y los jueces están advertidos.

LA OTRA CARA DE LA REALIDAD DOMINICANA

El Ayatollah Fernández, acompañado de su ingeniero favorito, Diandino Peña, inspeccionó la segunda linea del Metro de Santo Domingo, y según sus propias palabras, quedó "perplejo y anonadado", pues sintió que había llegado al primer mundo. La megaobra, junto al corredor Duarte, no resolverán ni un ápice de los problemas que confronta el tránsito de pasajeros, pero sí ha contribuido a engrosar colosalmente fortunas personales, pues las ganancias y comisiones percibidas por sus constructores y promotores sobrepasan los 30 mil millones de pesos. Para contribuir a que Leonel Fernández no se pierda en su propia tierra ni se confunda la gimnasia con la magnesia, lo invitamos a que salga a la calle, de incógnito, disfrazado, y visite los barrios, los bateyes y zonas aledañas de los ingenios que él cerró o privatizó en su primer gobierno, para que aprecie el producto social de su malsana, inhumana, injusta, mediocre y corrupta gestión de gobierno. Como una imágen vale más que mil palabras, le dejamos al Ayatollah Fernández las imágenes del país que él ha ignorado; son los rostros de la miseria dominicana, de la personas marginadas y excluidas convertidas en las víctimas de la evasión masiva de fondos públicos que caracteriza su gobierno.

El cierre o la privatización de los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar, otrora poderosos y espina dorsal durante décadas de nuestra economía, dejó miles de obreros y braceros sin trabajo, sumiendo en la extrema pobreza a cientos de miles de dominicanos. En algunas zonas se vive casi al borde de la inanición. Este año importamos azúcar y hasta café. Con el 20% de lo invertido en el Metro hubiéramos habilitado algunos ingenios y recuperado miles de tareas de las plantaciones de café abandonadas por falta de financiamiento.

Apenas despunta el alba; madruga la gente que por necesidad se tira del catre al primer cantío de un gallo viudo. La prole se acurruca, apretujada, disputándose el calor de la madre, que entreabre los ojos cuando el chirrido de los goznes avisaban que Luis, el proveedor, salió del bohío. El invierno en las montañas de la cordillera ha llegado antes de tiempo. Luis lo aprovecha "organizando" un "puesto de gengibre", y prepara un té picante, que según sus palabras, es capaz de revivir a un muerto.

En el Gran Santo Domingo, algunos buhoneros han llegado temprano a su esquina. Ya los chelitos del doble sueldo comenzaron a correr, y aunque la mayoría lo que hace es pagar deudas en el colmado o al prestamista, y abonar a tarjetas de crédito, los hay que apartan unos pesitos para comprar un par de gafas o alguna chucheria. La competencia se ha intensificado, pues los haitianos compiten en todos los trabajos informales, y siempre se las ingenian para ofrecer alguna novedad. Pero como la necesidad tiene cara de hereje, todos insisten en subsistir medrando en la escasez. Además, faltan pocos días para celebrar la Noche Buena, y hay que mantener la tradición.

Juan acaba de ser contratado para promover la venta de víveres. Tiene una voz potente y disfruta su trabajo, pues aunque la venta sea floja no le faltará un par de libras de yuca para la cena. Tambien venden huevos, más baratos que en los colmados y en los supermercados. Realmente todo lo venden más barato, pues tienen los plátanos a 3 pesos, mientras que en los super están a 10 pesos, y un carton de 30 huevos lo venden en 75 pesos. Si el día es bueno, Juan podría llevarse la cena y entre 125 o 150 pesos. A veces tiene que conformarse con yuca y algunos huevos, y 30 pesos para el pasaje.

Pedro tiene espíritu empresarial y le gusta ser su propio jefe. Era ayudante de albañil, pero fue desplazado cuando los obreros haitianos se adueñaron del negocio; los haitianos son preferidos por los constructores, pues trabajan por menos dinero, no descansan ni siquiera el domingo, viven y hacen todas sus necesidades en el lugar de la construcción, por lo que garantizan vigilancia gratuita 24 horas al día, y no hay que proveerles seguridad social. Para Pedro no resultó traumático perder su trabajo, pues simplemente reasumió su antiguo oficio: Brillador de Pailas.

En estos días se ha instalado en Ciudad Nueva, y es un trabajador metódico, pues recorre la zona cuadra por cuadra y casa por casa.

Realiza una labor de calidad, y es un perfeccionista, pues mientras quede una mota de tizne da "fuego y cepillo". Fuego, cepillo con cerdas metálicas y muchas ganas de ser honesto son los ingredientes que utiliza su oficio. Es un trabajador tenaz, que mantiene a sus hijos en la escuela, para evitar, según refiere, que abracen el oficio de Brilla Pailas.

Don José ya no le quedan fuerzas para trabajos pesados; el tiempo se ha ido tragando su energía, y se le hace dificil encontrar los insumos para restaurarla. No tiene la habilidad y juventud que requieren los "buzos" que se disputan los frutos de los grandes vertederos. Su alternativa es escarbar en los zafacones y en los pequeños vertederos que improvisan los vecinos, y como el gran Santo Domingo es una gran cloaca, tiene trabajo garantizado para el resto de su vida. No obstante, le gustaría ganarse la vida como Boquete, el hijo de Diario Libre, pescando y sentadito en una silla.

Don José también fue jóven y tuvo sueños: soñaba con ser parcelero de reforma agraria en las tierras del Consejo Estatal del Azúcar, pues trabajó en uno de los ingenios cerrados durante el primer gobierno del Ayatollah Fernández, y lo incluyeron entre los que supuestamente iba a ser favorecido con una parcela.
Conversé con todos esos dominicanos humildes que todavia creen que el trabajo honesto dignifica al ser humano. Ellos están conscientes de que están gobernados por una gobierno corrupto hasta el tuétano, y que mientras los morados estén en el poder no tienen la más mínima oportunidad de cambiar su calamitosa situación.

Sólo esperan el 20 de mayo para votar en contra del PLD, y yo espero que Hipólito Mejía recupere las tierras del CEA, convierta a los braceros desplazados en propietarios y desarrolle un basto programa de reforma agraria y social, que dignifique al trabajador dominicano, reivindique a las familias que permanecen en los bateyes, sin importar nacionalidad, y que haga realidad el sueño de Don José.
Mientras tanto, dejemos que el Ayatollah Fernández salga a repartir por última vez, a los hijos de Machepa, harina de maiz, una botella de ron, un fundita de leche en polvo, cinco libras de arroz, dos libras de habichuela, una botellita de aceite, una libra de salami, hecha con despojos de tripa de pollo, y algunas chucherías. Esa es la cena de navidad que para él merecen los pobres dominicanos.

Esa nefasta y humillante práctica debe ser eliminada en el gobierno de Hipólito Mejía. En vez de poner a personas envejecientes a fatigarse detrás de una cajita con los mismos ingredientes de la comida cotidiana, lo correcto es que se duplique en el mes de diciembre el aporte de la Tarjeta de Solidaridad. ¡ Basta ya de tantas burlas y de prácticas que degradan la condición humana!

¡Feliz Navidad para la gente buena de esta tierra pródiga y tan mal administrada!

LA GESTIÓN DE JORGE SUBERO ISA

El Consejo Nacional de la Magistratura se aboca a evaluar a los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia. Nuestro más alto tribunal está representado en ese órgano por dos excelentes magistrados: Jorge Subero y Víctor Castellanos. Los honorables magistrados de la SCJ que cumplieron 75 años no serán evaluados, pues por disposiciones constitucionales ya sobrepasan la edad para seguir desempeñando el cargo; no obstante, no hay límites de edad ni impedimento físico para ejercer la Presidencia de la República, el más alto cargo de la República, y el Dr. Balaguer, nonagenario y ciego la ejerció e intentó ejercerla vitaliciamente. Son las paradójas de nuestra gran nación, pues resulta inexplicable que en un momento en que la sociedad dominicana sufre una grave crisis de valores, caracterizado por el auge de la criminalidad y el afán de enriquecimiento ilícito, en que los delincuentes son cada vez más jóvenes y perversos, echemos por la borda la insustituible experiencia de las personas que más necesitamos para evitar el colapso definitivo. En el ejercicio del derecho y en la administración de justicia la experiencia tiene más valor que la ciencia, la tecnologia y la técnica. Un juez viejo y bueno debe estar en el cargo mientras sea capaz de ejercerlo.

En la justicia dominicana hay un antes y un después, fruto de la reforma constitucional del 1994. Nunca antes el Poder Judicial se había mostrado tan accesible, transparente y efectivo. Durante 15 años ha tenido un gerente excepcional en el magistrado Jorge Antonio Subero Isa.

Si tomamos en cuenta que la actual SCJ encontró diez años de atraso en la publicación del Boletín Judicial, tribunales destartalados y sin equipos, un personal desmotivado, una mora colosal, un sistema corrompido hasta el tuétano, un desfase tecnológico abismal y un Poder Judicial que de poder solo tenía el nombre, podríamos justipreciar el esfuerzo realizado por los hombres y mujeres que integran la Suprema Corte de Justicia, que han satisfecho con creces las espectativas de la reforma.

Nunca antes habían estado los jueces tan vinculados a la sociedad en sentido general, y a las organizaciones más representativas de la sociedad civil, así como al mundo jurídico iberoamericano, y como es natural a la madre patria de nuestras raices juridicas: Francia.

El prestigio de la SCJ trascendió las fronteras nacionales, y la reforma judicial dominicana, bajo la égida de Subero Isa, ha sido tomada como modelo por otras naciones del continente americano. El intercambio de ideas con los tribunales supremos del mundo iberoamericano ha sido dinámico y enriquecedor. El pensamiento jurídico dominicano, anquilosado por su aislacionismo sistemático, se ha actualizado; durante la administración de Jorge Subero Isa, los intercambios con las figuras más prominentes y representativas del pensamiento jurídico contemporáneo se han convertido en acontecimientos rutinarios, pues la Suprema se ha encargado de que todos los actores del sistema adquieran conocimientos que les permita superarse, y simultáneamente estar al tanto de lo que sucede en el ámbito jurídico , conocer donde nos encontramos ahora en materia de impartir justicia, cuales son las debilidades de nuestro sistema, los retos que debemos enfrentar y superar, y hacia donde debemos orientar los próximos pasos para que no desfallezca el espíritu de la reforma.

No hay un solo tribunal del país, un rinconcito de esta tierra, donde la Suprema Corte de Justicia no haya estado presente, positivamente, para bien de la sociedad dominicana; si existe una institución en la República Dominicana, hay que buscarla en la justicia.

Basta con echar un vistazo a la Jurisdicción Inmobiliaria, que de un leprocomio judicial se convirtió en una jurisdiccion modelo en su género, y cada día se consolida como garante del constitucional derecho a la propiedad.

Jorge ha sido accesible a grado extremo, en todos los momentos, aún en aquellos en que la percepción popular no es favorable a la "justicia", entre comillas, pues todavía hay una gran parte de la población que las malas actuaciones del ministerio público y sus auxiliares, entre ellos la Policía Nacional, se los endilga a la "justicia".

No obstante el encomiable esfuerzo del Poder Judicial, los jueces han visto descender su calidad de vida, y en los últimos cinco años no han recibido ni siquiera la indexación salarial que les permita sufragar necesidades elementales; lo mismo sucede con los empleados; pero, la motivación y el esmero para atender a los usuarios con prontitud y eficacia se mantiene, gracias a que el Presidente de la SCJ predica con el ejemplo.

¿ Alguien ha visto a Jorge descompuesto, ofensivo o malhumorado alguna vez? Ha sabido capear con buen talante todos los temporales, y ni siquiera las reiteradas frustaciones presupuestarias, nacidas en el incumplimiento de la ley a iniciativas del Poder Ejecutivo y apoyada por el Poder Legislativo, le ha afectado. A quienes sí ha afectado la mezquindad presupuestaria es al pueblo dominicano, pues jurisdicciones cuya demografía necesita urgente la creación de salas civiles y penales, como sucede en la Provincia Santo Domingo, no tienen capacidad para impartir justicia, pues la demora en obtener un fallo la torna incalcansable. Asimismo muchos proyectos han quedado en carpeta, pues las nuevas cargas fijas creadas por legislaciones que imponen a la SCJ atender económicamente órganos hijos de la Constitución del 26 de enero del 2010, como lo es el Consejo del Poder Judicial, consumen y agotan sus recursos. Lo increible es que el Poder Judicial siga funcionando con el mismo presupuesto de hace 5 años, mientras senadores y diputados, tan solo de los privilegios derivados del "barrilito", reciben mas dinero que el presupuesto judicial.

No obstante, el compromiso con la calidad del servicio y el respeto a la dignidad intrínseca al ser humano, aunque ese hombre o mujer sea un desalmado delincuente, hace que la gerencia del Poder Judicial mantenga en condiciones óptimas, o al menos aceptables, los templos donde se imparte justicia, que es la tarea más cómpleja, difícil e ingrata de cuantas se ejercen en la tierra, pues la mitad de los usuarios siempre reaccionará inconforme con los jueces, que no son ni pueden ser simpáticos ni contemporizadores, porque están sometidos al imperio de la Constitución y de las leyes, dando a cada cual lo que es debido, y en ocasiones hay que dar treinta años en La Víctoria, como también hay que deportar a un extranjero o a un criollo, que a fuerza de repartir dádivas se convierten en mecenas y en la adoración de su entorno.

Con Jorge Subero la justicia dominicana adquirió importancia internacional, y la confianza que inspira ha motivado a organismos internacionales a suscribir importantes acuerdos, así como a financiar algunos proyectos consustanciales a la reforma judicial, cuya debilidad atentaba contra la seguridad jurídica nacional, y la confianza necesaria para atraer empresarios extranjeros que inviertan en nuestra economía. Si la República Dominicana no ha sucumbido a las crisis económicas que han abatido al mundo en los últimos diez años, se debe a la justicia dominicana, cuya estelar participación en el juzgamiento de los banqueros que propiciaron la crisis del 2003, le demostró a los más incrédulos que al Poder Judicial dominicano no le tiembla el pulso ni se prosterna ante los poderosos. Las sanciones que se impusieron contribuyeron a proyectar una buena imagen del país y demostró que los jueces los dominicanos están aptos para impartir justicia, sin temor ni favor.

Jorge asumió el cargo con el beneplácito y apoyo de las organizaciones de la sociedad civil más emblemáticas, y si su gestión no hubiese sido castrada económicamente, ex profeso, los dominicanos tuviéramos un Poder Judicial consolidado, más eficaz y superinstitucionalizado, pero parece que no todos los dominicanos poderosos quieren un Poder Judicial fuerte, independiente e imparcial.

Mucha gente se hace la pregunta si Jorge se queda o si se va, si seguirá siendo el Presidente o simplemente un juez más de la SCJ. Jorge Antonio Subero Isa es sobre todo un hombre de principios, consciente de su papel y de lo que representa para la parte buena de la sociedad dominicana; es un ser humano humilde, muy humano, sensible y familiar. Nunca ha dejado que se le suban los humos a la cabeza, y quienes le conocen y lo han tratado durante muchos años, confirman que es una persona de una sola cara. Por esas cualidades, a Jorge le dará lo mismo presidir la SCJ, una de sus tres cámaras o simplemente integrar cualquiera de ellas.

Independientemente de la decisión que adopte Leonel Fernández, que es la persona que tiene el poder para decidir quienes serán los jueces de los tribunales superiores, la estatura de Jorge Subero Isa ya tiene connotaciones históricas, que trascienden la importancia del cargo, por lo que la valoración del Presidente de la Suprema Corte ni aumentará ni disminuirá un ápice con la decisión que adopte el Consejo Nacional de la Magistratura.

Jorge ha sido y es un hombre frugal y de carácter bien templado; fuera de la Suprema le lloverán tentadoras ofertas, dentro y fuera del pais; por su idiosincracia y temperamento se adaptará rápido y sin trauma a lo que le depare el futuro, y seguirá siendo amigo de sus viejos amigos, y respetuoso con sus detractores. Lo que no lo verán es mendigando una posición o una privilegio. Si se va, como es un hombre de principios, que se respeta, hasta los obsequios que ha recibido como Presidente de la SCJ pasarán al patrimonio del Estado, pues el nació para vivir

conforme con lo que Dios le brinde cada día; seguirá siendo solidario con quien solicite su ayuda, y cualquier contrariedad la recibirá con una sonrisa a flor de labios. El recibió de su familia, en especial de su tía-madre Titina, una formacion en valores genuinos, y esos valores se han ido consolidando hasta formar un blindaje impenetrable. ¿Quién ha osado atribuir a Jorge un acto de corrupción?Nadie ha sido más transparente en el uso de los dineros públicos, y ningún incumbente de función pública ha sido tan meticuloso y constante en la publicación de los estados financieros del órgano que administra. En un país que para los organismos internacionales, y la percepción de la mayoría del pueblo dominicano, el robo al erario público, la sustracción camuflada de recursos a través de obras del Estado, el nepotismo, el tráfico de influencia, el favoritismo y otras lacras propias de las sociedades corrompidas y sin instituciones, es una actividad cotidiana y rampante, encontrar un hombre honesto a carta cabal, no es tarea sencilla. Por eso, Jorge Antonio Subero Isa es el mejor referente de los principios y los valores morales y éticos en la sociedad dominicana contemporánea.

Posiblemente su verticalidad, su apegado a la moral y a la ética, su acendrado amor al trabajo honrado, y su fidelidad a la visión y misión que el mismo impuso a su administración, le hayan generado adversarios gratuitos, pues en los regímenes corrompidos, el Principe, para estar tranquilo, prefiere rodearse de ladrones.

A su edad, y por su estilo de vida, es un hombre muy joven aún, que puede dar mucho a la patria, pues la reforma judicial necesita de nuevos impulsos; ha logrado rodearse de un equipo de colabores excelentes, proactivos y armónicos, y ha sabido llevarse muy bien con todo el mundo, lo que es una cualidad imprescindible para que un equipo trabaje con efectividad y eficacia.

Si el Consejo Nacional de la Magistratura actúa con sabiduría, se abocará a ratificar a Jorge Subero Isa como Presidente de la Suprema Corte de Justicia por un nuevo período, y a sustituir a los jueces que pasarán a retiro, así como a los que partieron, por jueces de carrera, que los hay muy buenos y de todos los partidos en todas las instancias judiciales.

Pro Juris Causa espera que se imponga la sensatez y el sano juicio, y que el Espíritu de Verdad ilumine la mente y oriente a quienes tienen la delicada tarea de legarnos la mejor Suprema Corte de Justicia posible.

Con Jorge Subero Isa en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, gana la República Dominicana.

PRO JURIS CAUSA

El pasado 24 de abril quedo constituida la Fundación Pro Juris Causa, sociedad sin fines de lucro que ya tramito su solicitud de incorporación

Hipólito: Un Hombre Íntegro

Hipólito inspira confianza y ha sido un ejemplo de integridad total, tanto en su vida pública como privada. Amigo fiel, y un dominicano de pura cepa, sin afectaciones y con los pies en la tierra. En su gobierno, a pesar de la crisis, sentó las bases para tecnificar la producción agrícola y gracias a él, por primera vez en en más de 160 años, la oligarquía financiera, los sangre azul y delincuentes de cuello blanco tuvieron que responder de sus fraudes. En su gobierno combatió implacablemente la corrupción,y no vaciló vaciló en someter a funcionarios prevaricadores. Por eso, la pandilla de funcionarios corruptos del gobierno peledeista, hoy buscando impunidad al lado de Danilo Medina, le temen más que el diablo a la cruz, porque saben que tendrán que responder ante la justicia por sus fortunas mal habidas.

Votar por él, es demostrar confianza y fe en los recursos nacionales.

HURGANDO EN EL BAUL DE LOS RECUERDOS...

San José de Ocoa, 26 de enero de 1984, el Ayuntamiento Municipal y el pueblo ocoeño rinden homenaje al creador de la nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte Díez, el más ilustre, honesto y abnegado de los dominicanos de todos los tiempos, levantando en su honor un hermoso monumento en el Parque Libertad, loable iniciativa de Víctor Martínez Pimentel, a la sazón Síndico Municipal, que aparece en la fotografía develizando un busto del Padre de la Patria, obra del laureado escultor Prats Ventós.

La mansión señorial de Don Héctor Pimentel, construida durante la Danza de los Millones, cuando los perros se amarraban con longaniza, y el café Ocoa se cotizaba en los mercados internacionales como el mejor café dominicano. Fue el escenario de un intentó de rapto que terminó con el suicidio del Dr. Mario Castaños y la muerte del Comisario Oderto Sánchez; herido de bala resultó Don Leoncio Casado, así como la hermosa Adrianita, hija de Don Héctor, prenda de la encencida pasión que obnubiló la razón del desdichado médico vegano.

Vista de la antigua calle El Comercio, hoy Luperón, en el sector denominado El Rastrillo, en San José de Ocoa, principal arteria comercial durante los años dorados de la economía ocoeña, por donde llegaban las recuas de mulos cargados de café y de esperanzas. Cuatro enormes factorías daban trabajo al pueblo entero. Hoy no existe ni siquiera los recuerdos, y parece que se acabaron los brazos que domesticaron la selva y la tenacidad que hizo parir los montes.

Ese pensador que otea confiado hacia los horizontes inciertos, es el Lic. Silvio Martínez, abogado, un hijo que satisface las espectativas, que aprendió a no doblegarse ante las vicisitudes y a mantener la calma y la confianza en Dios y en sus posibilidades, en tiempos borrascosas, aún cuando el naufragio sea inminente.

El, y la juventud dominicana, la que piensa y estudia, y la que se ha dejado atrapar en las redes del vicio por falta de oportunidades, son acreedores de gobiernos dirigidos por personas que administren la cosa pública como lo haría un buen padre con el patrimimonio familiar, no gobiernos dirigidos por ladrones y cazadores de prebendas.

Siempre en la brega, mientras el cuerpo aguante y hasta que Dios quiera. Proactivo, leal y transparente. Esas tres palabras sintetizan la calidad del servicio jurídico que oferta el Despacho Jurídico Nacional, iniciativa del Dr. Víctor Martinez Pimentel para asistir legalmente a personas necesitadas de abogados conscientes y serios. En la fotografia, Doña Nelly Quiñones Marte, en presencia de su cuñado Don Julio Silvestre, deposita su confianza en el Dr. Martinez, que le asesora en su litis en contra del Presidente de Editorama, S.A., su hermano Juan Antonio Quiñones Marte.

Y estos chicos que evidentemente la están pasando muy bien, forman parte de la tercera generación de Victor Martínez Pimentel, que sigue atento su evolución y desarrollo, convencido de que los valores se construyen con el ejemplo, los consejos a tiempo, las sanas lecturas y esas cositas pequeñas que dan sentido a la cotidianidad bien vivida, sin atropellos, con cariño, comprensión, y en ocasiones la necesaria dosis disciplinaria.

Han crecido acariciados por la ternura y protegidos por la vigilancia de padres responsables y amorosos.

Son la tercera parte de una docena de nietos aplicados al estudio y que dan muestras de ser amigos de los libros y la lectura, sin dudas la manera más efectiva de cultivar la mente y enriquecer la vida.

Por ellos, y todos los niños de su edad, vale la pena seguir insistiendo en buscar alternativas para salir del atolladero en que nos mantienen cautivos los políticos charlatanes, mentirosos, ambiciosos y simuladores.

500 AÑOS DESPUES: DEL PADRE MONTESINOS A MONSEÑOR ARNAIZ

El poder político, administrativo y judicial, en los comienzos de la conquista y colonización de la isla de Quisqueya o Haití, era ejercido por el virrey, que en el 1511 estaba representado en la persona de Diego Colón, hijo de Cristóbal; el poder fáctico estaba en manos de los encomenderos, integrado por aventureros españoles llegados a la isla a partir del segundo viaje del almirante genovés, cuyo único propósito era amasar fortuna, aún a costa de la vida de los pobladores autóctonos de la isla, principalmente aborígenes tainos, que eran utilizados en las labores más arduas, incluidas el trabajo en canteras para extraer el material utilizado para levantar los primeros edificios de la ciudad de Santo Domingo, recolecta oro, cultivar la tierra y asistir a los encomenderos y sus familiares en labores domésticas.

El trabajo excesivo y una pésima y escasa alimentación, más las enfermedades que trajeron los españoles, contribuyeron a menguar la salud física de los aborígenes quisqueyanos, y la mental se vio afectada por una nueva realidad que no fue asimilada por los indígenas, que ante la impotencia de sus deidades, traumatizados, recurrieron al suicidio masivo.

El 21 de diciembre del 1511, Cuarto Domingo de Adviento, la Corte del Virrey y las familias de los encomenderos, fieles a las costumbres, y para guardar las apariencias, sin tener a Dios en su corazón y sin dar contenido social a sus creencias cristianas, exactamente como sucede en la sociedad contemporánea, abarrotaron el templo.

Antonio Montesinos, predicador aspérrimo, sin pelos en la lengua, cumpliendo con lo decidido por los miembros de la Orden de los Predicadores, preparó un sermón especial, relacionado con el tema asociado a la festividad religiosa: Ego vox clamantis in deserto ( Yo soy la voz que clama en el desierto), con el propósito de advertir al virrey y su corte y a los poderosos de la época, que el trato cruel prodigádole por ellos a los indígenas constituía una falta muy grave, un pecado que pagarían en el infierno. Para el pueblo llano de la época colonial, como sucede en la sociedad quisqueyana 500 anos mas tarde, no había ni educación ni justicia. La riqueza producida por los indígenas no se invertía a favor de la gente, sino que iba a engrosar las fortunas de los que detentaban el poder político y eran dueños de los medios de producción (mano esclava). Hoy sucede casi lo mismo, aunque la mano esclava fue sustituida por mano de obra barata, haitiana o quisqueyana, que recibe una remuneración que no cubre el costo de la tercera parte del valor oficial de la canasta familiar.

Era un ataque directo a quienes habían creado sus fortunas explotando despiadadamente la mano de obra indígena, hasta el exterminio. Los representantes del poder político y sus servidores reaccionaron indignados, al escuchar la voz de trueno de Fray Antón de Montesinos: " Para os los dar a conocer me he subido aquí, yo que soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla y, por tanto, conviene que con atención, no con cualquiera sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos la oigáis; la cual será la más nueva que nunca oistéis, la más áspera y dura y más espantable y peligrosa que jamás no pensasteis oir". "Esta voz, os dice, que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muerte y estrago nunca oídos habéis consumido? Cómo los tenéis tan opresos y fatigados sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren y, por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? Y qué cuidado tenéis de quien os los adoctrine y conozcan a su Dios y Creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? Estos no son hombres? No tienen ánimas racionales? No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? Esto no entendéis? Esto no sentís? Cómo estáis en tanta profundidad de sueno tan letárgico dormidos? Tened por cierto, que en estado en que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo."

Es una crítica al espíritu de rapiña que orientaba a quienes detentaban el poder político y el poder fáctico de la época; a su desmesurada ambición y a la falta de interés en proporcionar a los indígenas la instrucción necesaria para superar su estado de ignorancia.

Los dueños del Poder reaccionaron con extremada intolerancia, y sus esbirros le hicieron la vida imposible a los predicadores, retirándole las ayudas que recibían para sostener su obra evangelizadora entre los indígenas, pero algunos buenos cristianos hicieron colectas y enviaron a Fray Antonio a España, donde los amigos de los encomenderos se dieron a la tarea de malquistarle con el Rey; no obstante, logró conversar con el monarca y persuadirle sobre la necesidad de disponer medidas a favor de los indígenas; y poco después los consejeros reales elaboraron e impusieron una nueva "Constitución" para normar lar relaciones entre los encomenderos y sus vasallos, las llamadas Leyes de Burgos, que infructuosamente intentaron suavizar el trato a todos los indígenas que habitaban el nuevo continente. La "Constitución" se convirtió en letra muerta, y los dueños del poder siguieron actuando para satisfacer sus intereses y ambiciones personales. Es el sistema que se ha impuesto en nuestro país durante 500 años, perpetuando la exclusión y la inequidad que mantienen a más del 80% de los dominicanos anquilosados, incapaces de desarrollar sus talentos a través de una buena educación pública.

Desde ya vamos a recordarles a todos los humanistas y defensores a ultranza de los Derechos Humanos, aquí y en el resto del mundo, que el 21 diciembre del 2011 se cumplirán 500 anos del célebre sermón del Padre Montesinos. Sin duda una fecha emblemática, que no debe pasar desapercibida . Ya en Santo Domingo de Guzmán, la Primada de las Américas, un predicador sin pelos en la lengua, el 7 de enero del 2011, fecha en que se conmemora en la República Dominicana el día del Poder Judicial, inició con una homilía certera y sin desperdicios, las festividades alusivas al Quinto Centenario del Sermón de Montesinos. Le correspondió a Monsenor Arnaiz colocar el vinagre sobre la incurable llaga dominicana: Los políticos prevaricadores y ladrones, deplorando "la rapiña en los bienes públicos de la nación, y la insuficiente atención y apoyo a una instrucción y educación de calidad para todos" y criticó la indolencia y lentitud de los que administran justicia.

Al igual que Antonio Montesinos en su época, el Padre Arnaiz, 500 años después, denuncia los mismos males: políticos ambiciosos, ladrones y prevaricadores, tienen como única prioridad la rapiña del erario público; al pueblo llano de hoy se les niega instrucción de calidad, y la oligarquía vive sin Dios en su corazón, viviendo las apariencias de la fe, pero muy lejos del mensaje de Jesucristo. Con ligeras modificaciones, las palabras de Montesinos se adaptan a la realidad dominicana contemporánea.

Las leyes de Burgos fueron letra muerta, en cuanto a cambiar la suerte de los indígenas; lo mismo pasará con la Constitución de Leonel, pues la inequidad que caracteriza las relaciones de producción y repartición de riquezas, permanecerá inalterable: más riqueza para los ricos, y más pobreza para los pobres.

La voz que clama en el desierto de esta isla llega en momentos en que los aprestos reeleccionistas son ostensibles, para lo que sería necesario una nueva reforma Constitucional, y la arraigada intolerancia, que parece ser la sustancia utilizada para constituir la idiosincrasia de los dominicanos con vocación de poder, se puso de manifiesto cuando a una periodista, el mismo 7 de enero, le exigieron, para permitir su entrada al acto central de la conmemoración, presidida por su altera real, Don Leonel Fernández Reyna, ocultar un volante amarillo que pregona su compromiso con los reclamos de un 4% para la educación.

Este es un año emblemático, un año propicio para salir a las calles a recordar con reclamos y accionnes concretas el Sermón de Montesinos. Es el año para combatir las iniquidades y la falta de justicia social, para combatir la corrupción y la reelección, que son como uña y mugre, y para aprovechar todos los medios al través de los cuales sea efectivo transmitir un mensaje capaz de instruir y despertar conciencias aletargadas.. Este es el año de Fray Antón de Montesinos. Tenemos que superar nuestro apego a las apariencias, y exigir servicios de calidad dentro de plazos razonables. En educación, salud, justicia y oportunidades desarrollo integral asequibles a las mayorías. Celebramos el Día del Poder Judicial con bombos y platillos, pero aún no superamos la mora judicial en ninguna instancia de la jurisdicción civil. El Dr. Jorge Subero, quien será ratificado como Presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando se reúna el Consejo Nacional de la Magistratura, reconoce que tenemos un servicio de justicia muy caro.

El ciudadano pobre que obtiene ganancia de causa en una litis judicial, no tiene poder económico ni para retirar la sentencia ni para ejecutarla. Los pobres no están en capacidad para pagar el 7%, más el 12% del 7%, que cuesta la tasa de una reparación económica rendida en primera instancia. Tampoco está a su alcance cubrir las "tarifas" que exige la Fuerza Pública. Miles de expedientes fallados se amontonan en todos los tribunales del país, simplemente porque los pobres no cuentan con medios económicos ni siquiera para ejecutar sus ganancias de causa. Esto tiene que cambiar.

PRO JURIS CAUSA socializará entre abogados un proyecto de ley concebido para superar esa iniquidad.

Víctor Martínez Pimentel.

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA VS. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Durante los últimos 14 años la Suprema Corte de Justicia se ha erigido en Guardiana de la Constitución. Por iniciativa del Pleno, y supongo que en aras de plasmar el criterio de los jueces sobre todos los asuntos que tienen rango constitucional, un selecto grupo de magistrados comentó, uno por uno, los artículos de la Carta Magna que estuvo vigente hasta el 26 de enero del 2010.

Desde ese día la Suprema Corte de Justicia dejó de ser la Guardiana de la Constitución, pues la Asamblea Nacional delegó esa atribición al Tribunal Constitucional.

La experiencia se ha encargado de dejar bien sentado, que en nuestro país, no importa el partido que esté en el poder o lo ignorante o ilustrado que sea el gobernante de turno, la Constitución y las leyes son violadas constantemente, sin consecuencias, por personas política o económicamente influyentes. Incluso los llamados Poderes del Estado, principalmente el Ejecutivo y el Legislativo, sólo cumplen lo que les conviene. Esto se ha repetido una y otra vez con todas las leyes que asignan determinados porcentajes del Producto Interno Bruto a sectores específicos, siendo el más emblemático el reconocido 4% para la educación. Como hasta la fecha todas las constituciones han sido un pedazo de papel, ignorada por todos nuestros Presidentes de la República cuando una norma colide con sus intereses o ambiciones personales, nada perdemos con sembrar una semilla de esperanza en los surcos impredecibles del porvenir Tribunal Constitucional. La mayoría excluida, que constituye un elevado porcentaje de la población dominicana, necesita con urgencia cambios radicales y profundos. Me incluyo entre los que piensan que el cambio favorable se puede construir con cambios estructurales sustentados en el imperio absoluto de la Constitución de la República.

Como ya la Suprema Corte de Justicia no será más la Guardiana de la Constitución, es de suponer que los cientos de expedientes sobre asuntos constitucionales de que fue apoderada directamente, y que no ha tenido tiempo de fallar, serán remitidos al Tribunal Constitucional. Es posible, y sería lo más recomendable, que ya esos expedientes estén empaquetados y listos para ser enviados a la "jurisdicción competente".

La Suprema Corte de Justicia, bajo la Presidencia del Dr. Jorge Antonio Subero Isa, ha realizado una labor encomiable, en todos los aspectos: Rescató y puso al día el Boletín Judicial, actuó con honestidad y transparencia en la administración de su presupuesto, invirtiéndolo racionalmente , modernizando los espacios físicos, dotándolos de insumos y equipos modernos, facilitando el acceso a la información, dignificando las condiciones de trabajo de jueces y personal auxiliar, produciendo importantes jurisprudencias y actuando con mucho celo y apegado a valores éticos y ejerciendo un admirable y a veces drástico poder disciplinario.

No obstante, tal y como lo reconoció el mismo Presidente de la Suprema Corte de Justicia, a raíz del controversial fallo en el caso Sund Land, el pugilato interno afectó la cohesión y el espíritu de equipo de nuestro más alto tribunal, a tal grado que él mismo llegó a manifestar que hacía falta un nuevo liderazgo, que fuera capaz de crear una nueva mayoría. Este es un aspecto crucial y trascendente, pues corresponde a la Suprema mantener la unidad de la jurispruedencia.

La decisión en el caso Sund Land puso de manifiesto tres tendencias irreconcialiables, que se han mantenido a través del tiempo, y afectó la imágen de la Suprema como entidad confiable para dirimir asuntos constitucionales cuando los protagonistas representan fuerzas políticas antagónicas y poderosas, si por el medio se encuentra en una posición embarazosa el Presidente de la República.

El tiempo sigue siendo el bálsamo que cura todas las heridas, y en muchas ocasiones es el mejor y más leal de los aliados. Si los que ahora están involucrados en el álgido debate sobre los límites de la competencia del Tribunal Constitucional, y las pretensiones de quienes pretenden sustraer las sentencias que emanen de la Suprema con autoridad de cosa juzgada, se colocaran en la posición de observadores, a veinte o treinta años de distancia, se darían la oportunidad de sopesar el dilema desde otra perspectiva, y sin reaccionar como protagonistas y partes interesadas.

Hasta ahora, ninguna Suprema Corte de Justicia ha podido evitar que el Poder Ejecutivo desborde los límites de sus atribuciones constitucionales, ni que haga lo que le da la gana con los recursos del Estado. ¿ Por qué no otorgar una oportunidad a una nueva instancia, que quizás podría contribuir a echar las raíces de la institucionalidad, que en 166 anos de vida republicana, en la dictadura o en la democracia nuestra, no hemos conocido?

Todas las Supremas Cortes de Justicia han fracasado en su rol de garantizar el imperio de la norma constitucional; si no tenemos instituciones confiables y fuertes, es porque el Poder Judicial ha sido ineficiente para obligar a nuestros gobernantes a respetar la norma constitucional.

El Presidente Leonel Fernández y el Congreso Nacional ya violaron la nueva Constitución. Lo hicieron al negarle el 4% del PIB a la educación, pues en su artículo 63, numeral 10, establece que la ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a la inversión en educación, y el mandatario y los congresistas hicieron caso omiso a la ley y al clamor del 91% de la población; también se violó la Constitución con la elección de los integrantes de la Cámara de Cuentas. ¿Acaso no habla la Constitución de Leonel que una de las condicionnes para el ejercicio de una función pública son los méritos personales? Fuimos testigos de que durante semanas, honestos y prestigiosos profesionales que preparon su hoja de vida, confiados en la promesa constitucional, se presentaron por ante la Cámara de Diputados para ser evaluados, y resultó que los que recibieron las más altas calificaciones se quedaron como perico en la estaca, siendo designados los mismos incumbentes, a pesar de su pésimo ejercicio. Simplemente pasaron la prueba porque están al servicio incondicional de Leonel Fernández, no de la nación dominicana, del pueblo que paga bondadosamente su pésima y parcializada gestión.

En la fotografía aparece Leonel en companía de Solano, el narcotraficante que recibió, de grado a grado, la concesión de 18 obras públicas, cuyo presupuesto ascendía a unos 5 mil dólares. El asunto salió a la luz pública porque el turpén fue solicitado en extradicción por los Estados Unidos. ¿Acaso no constituye esa acción un acto de prevaricación, una deleznable falta constitucional?

La sustracción y uso del dinero del Estado para financiar actividades proselitistas del partido oficial, incluyendo el mantenimiento de sus cuadros en nóminillas o a través de tárjetas de débito, ha sido una conducta permanente de la adminstración de Leonel Fernández. Es hábito muy acendrado, pues comenzó con el PEME.

Recientemente fueron repartidos, supuestamente, 1 200 millones de pesos en canastas navideñas, repartidas en actividades reeleccionistas, donde la "espontaneidad" estaba acompañada de vistosos letreros, afiches, franelas y gorras, del "maestro, líder y guía".

Quizás con el Tribunal Constitucional nazca la esperanza de que surja una decisión saludable que ponga coto, de una vez por todas, a las prácticas clientelistas pagadas con dinero del erario público. Por ahí debe comenzar la institucionalidad. Necesitamos que las personas conscientes de todos los partidos o los apartidistas sean entes proactivos en la exigencia del respeto irrestricto a la norma constitucional.

Ahora sale a relucir una contradicción capital, desde la cúpula del gobierno peledeista, nada más y nada menos que dos juristas encampanados en la cúspide del poder, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, el sensato profesor Cesar Pina Toribio y Martínez, y el culebro Procurador General de la República, Radhamés Jiménez. La primera impresión que uno se lleva es que ni siquiera el gobierno se ha puesto de acuerdo en un asunto tan crucial como los límites del poder del Tribiunal Constitucional. Todo luce indicar que el asunto no fue ponderado con la profundidad necesaria. Por eso, es muy saludable la recomendación del Cardenal López Rodríguez. Si el hombre que se encarga de afinar lo que sale de la Presidencia para evitar gazapos jurídicos y el Jefe Supremo del Ministerio Público tienen posiciones diametralmente opuestas, tenemos que aceptar, inexorablemente, que el proyecto de reforma constitucional fue festinado.

Leonel metió la cuchara en el asunto , muy mal metida, pues lo hizo para justificar la violación a la su constitución. Algo inexplicable, a no ser que haya querido asumir una actitud contemporizadora por agradecimiento.

Al Tribunal Constitucional se le reconoce competencia para revisar leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, preventivamente los tratados internacionales y casos de interés particular. Nadie se ha alarmado porque la competencia del constitucional penetra al campo del ejecutivo y del legislativo.

Se argumenta que podría afectar la seguridad jurídica y la duración de los procesos, el que el Tribunal Constitucional mantenga la competencia de revisar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Algunas voces han adelantado el vaticinio tremendista de que nos abocaríamos a un caos jurídico.

Nuestro más alto tribunal, además de sentencias, produce otros actos jurídicos, tales como resoluciones y reglamentos. Todo eso tiene que ser revisable por el Tribunal Constitucional, las resoluciones y reglamentos con el mismo tratamiento de control preventivo que se admite para los tratados internacionales, pues, supongo, el propósito fundamental de éste órgano es garantizar la vigencia plena de la norma constitucional, evitar a toda costa que los actos de naturaleza jurídica se cuele una disposición que entre en contradicción con nuestra Carta sustantiva.

El artículo 277 de la Constitución establece que: "Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en el ejercicio del control directo de la constitucionalidad, por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinados por el Tribunal Constitucional, y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia."

No es necesario ser un exégeta en materia constitucional para interpretar y comprender lo expresado en el artículo 277. Ni siquiera hay que tener nivel académico, sino uno o dos dedos de frente. Si las decisiones dictadas por la Suprema antes del 26 de enero del 2010, no están sujetas a la revision por el Tribunal Constitucional, por razonamiento a contrario, como dicen algunos juristas, las decisiones dictadas después del 26 enero del 2010, están sujetas a revisión. Acomodarse a otra conclusión es ir en contra de la Constitución de la República, y como una de las competencias del Tribunal Constitucional es conocer en única instancia las acciones directas de inconstitucionalidad contra la leyes, y como actúa a instancia de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido, en el hipotético caso que se convierta en ley el proyecto que cursa en la Cámara de Diputados, el porvenir Tribunal Constitucional se encargará de abrogarla, y es prudente recordar, que la misma Constitución, en su artículo 184 establece que ¨Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado." Entonces, ¿ porque la obstinación de algunos actores importantes de insistir en aprobar una ley inconstitucional que no tiene posibilidad de sobrevivir más allá de su promulgación? Con éste asunto pasa lo mismo que con el intento de repostular a Leonel Fernández: NO ES POSIBLE SIN VIOLAR LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.

La parte final del artículo 277 de la Constitución de Leonel: " y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia" , podría servir para conciliar las posiciones aparentemente antagónicas que han surgido sobre el tema.

El asunto es elaborar un procedimiento que cierre la vía constitucional a litigantes temerarios, que por primera vez planteen en casación un asunto de índole constitucianal, y en aquellos casos en que un tribunal inferior, conociéndo en primera instancia, ejercite el control difuso de la constitucionalidad que le reconoce la ley, podría ponderarse la posibilidad de un recurso de alzada, si se ejerce, sea competencia del Tribunal Constitucional. De ésta manera éste órgano sería la última instancia para el control difuso y la única instancia para el control concentrado de la Constitución. Así, las decisiones de la Suprema no estarían sujetas a revisión, pues los planteamientos de índole constitucional serían resueltos en instancias previas.

De todas maneras, el asunto tiene que discutirse ampliamente, sin festinarse, ni sentirse constreñidos por un supuesto plazo fatal. Ni la Nación en su conjunto, ningun poder fáctico, ni los sectores productivos que mantien en pie la economía están pidiendo a gritos, o exigiendo, la puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional. Los únicos que tienen prisa son los que aguardan expectantes su nombramiento como Juez del Tribunal Constitucional y tienen la boca echa aguitas, pensando en los privilegios que le aguardan. Cojámoslo con calma y no coloquemos los bueyes detrás de la carreta.

Nota: Pro Juris Causa es un organización sin fines de lucro, integrada por abogados y libres pensadores con tendencias socialistas, comprometidos con la institucionalidad e identificados con la impostergable necesidad de impedir la repostulación de Leonel Fernández. Para contactos : 809-595-5961.